18 de febrero de 2016
Boletín de Prensa No. 1602/12
Mañana, el presidente Enrique Peña Nieto estará en Nuevo León para inaugurar el cuartel de la Policía Militar. Ante esto, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa, una vez más, su posicionamiento entorno al tema de la militarización de la seguridad pública.
Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Policía Militar es un cuerpo especial del ejército, cuyas funciones se relacionan con vigilar el cumplimiento de la disciplina militar dentro de las instalaciones del ejército y fuerza aérea. En Nuevo León, la autoridad ha informado que: “Esta Policía Militar viene a apoyar a la zona noreste, tiene una preparación especial de coordinación y trato amable con la ciudadanía, pero están listos para acciones antimotines, contener disturbios y apoyar en labores de rescate y apoyo a la sociedad”. Esto implica que la Policía Militar realizará funciones en Nuevo León que no están establecidas en su ley orgánica.
El tema de la Policía Militar nos ha preocupado desde que el gobierno anterior lo anunció en octubre del 2014. Un mes después, en noviembre de 2014, [1]CADHAC solicitó información a través de un oficio firmado por diversas organizaciones, ciudadanos y activistas con respecto a la fundamentación legal de la Policía Militar, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.
La Policía Militar podría coadyuvar con la seguridad civil, pero no tenemos ninguna información de cómo se va a hacer. ¿A quién van a estar subordinados? ¿Se van a uniformar como policía civil como se hizo antes?
Nos parece sumamente inquietante observar cómo estos proyectos son parte de la creciente militarización de Nuevo León en donde se han designado a militares en puestos de seguridad pública estatal y municipal.
No debemos olvidar que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública aumenta las violaciones a los derechos humanos. Algunos ejemplos son: los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México en donde militares ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles durante un enfrentamiento; el caso de Jorge Otilio Cantú, ejecutado extrajudicialmente en 2011 por elementos del ejército mientras se trasladaba en su coche hacia su trabajo; y el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey quienes fueron asesinados por militares en 2010, cuando quedaron atrapados en un enfrentamiento a las afueras de esta universidad. Situaciones que además, entre muchas otras, corroboran que la milicia no está entrenada para tratar con la ciudadanía, lo cual significa que los militares también quedan en gran vulnerabilidad en esta situación.
Recordemos que esta tendencia contraviene la recomendación de adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al-Hussein, durante su visita a México en octubre de 2015, misma que se suma a otras recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Las funciones de seguridad ciudadana persiguen la armonía en la sociedad, por lo que no deben tener ninguna lógica militar. Es importante que se construya un modelo de seguridad ciudadana y esto solamente podrá realizarse con la participación de civiles que lideren y fortalezcan estas tareas.
[1] [1] Preguntas para el Gobierno de Nuevo León sobre Policía Militar. Noviembre 2014. Disponible en: http://cadhac.org/comunicado/3295/
