El bien común de la sociedad debe ser el centro de sus decisiones.
“La única manera de avanzar en el bien común es la construcción de acuerdos que coloquen en el centro a las personas”.
En Nuevo León existe desde hace meses un enfrentamiento político entre el Gobernador y el Congreso que parece no tener una pronta solución. Estas diferencias lamentables impiden que ambos poderes públicos se coordinen, colaboren y sumen sus esfuerzos en beneficio de todas las personas.
Mientras eso sucede, la sociedad padece una serie de problemas alarmantes que no podrán ser resueltos sin la colaboración y cooperación de todos los poderes públicos, tal es el caso de los diferentes tipos de violencia que en el último año han escalado hasta ubicar a nuestro estado en el segundo lugar a nivel nacional de casos de feminicidios y el quinto de personas desaparecidas.
Además, continúan afectados servicios públicos que proveen derechos fundamentales como el acceso al agua potable, que aún no ha sido resuelto del todo y hay muchas colonias en las que el servicio no es continuo ni permanente, así como el derecho a un transporte público eficiente y de calidad, ya que los usuarios de transporte público utilizan hasta más de tres horas de su tiempo en trasladarse a sus trabajos o escuelas.
Los poderes ejecutivo y legislativo deben recordar que tienen un mandato constitucional que cumplir, y por el que fueron electos democráticamente a través de la voluntad de las y los ciudadanos. El Ejecutivo debe gobernar para que las instituciones públicas funcionen en beneficio de todas y todos, y el Congreso para representarnos en la toma de decisiones que mejor convengan a nuestra sociedad.
Desde CADHAC, como ciudadanos y ciudadanas preocupados por este entorno social y político en el que nos encontramos, hacemos un llamado tanto al Gobernador como al Congreso para que estén a la altura de brindar soluciones a las necesidades urgentes que sufrimos en el estado. Ambos poderes deben colocar a las personas en el centro de sus decisiones y por encima de sus diferencias para poder contribuir a que todas y todos vivamos en un entorno de dignidad y respeto a los derechos humanos.
Resaltamos su crucial labor por los derechos humanos en México.
Esta semana hemos presenciado una situación preocupante: la descalificación de manera continua del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en las conferencias matutinas del Presidente. Resaltamos la labor valiente y comprometida que han desarrollado durante más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México.
Es muy grave que desde el gobierno no se reconozca el papel de las personas y organizaciones defensoras frente a las violencias y violaciones a derechos humanos. Alzar la voz, denunciar estas terribles situaciones y acompañar a las víctimas no busca perjudicar al gobierno en turno, sino que tiene la intención de mejorar las condiciones de todas y todos los mexicanos.
El Centro Prodh es una organización pionera en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y ha sido una fuente de inspiración para muchos otros esfuerzos colectivos en favor de la dignidad, como CADHAC.
Nos preocupa profundamente que los espacios de información de alto nivel, como las “mañaneras”, sean utilizados para denostar, denigrar, humillar y descalificar a personas, organizaciones y periodistas, a menudo mediante el uso de información imprecisa.
En una sociedad democrática, es saludable y legítimo cuestionar y asumir una postura crítica frente a las violaciones graves de derechos humanos que aún persisten. Negar o ignorar la existencia de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos no solucionará el problema, sino que perpetuará la impunidad.
El Estado tiene la responsabilidad de prevenir, atender y erradicar tales violaciones, así como garantizar la seguridad de todas las personas.Es momento de trabajar activamente para detener estas crisis llenas de dolor e impunidad que azotan al país y que en los últimos años no han cesado si no lo contrario siguen en aumento.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el centro ProDH son fundamentales para la construcción de otra realidad, al denunciar injusticias, brindar acompañamiento a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia, construyen caminitos hacia la dignidad que nos llevará a la paz.
No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que se intente silenciar las exigencias y voces de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos. México debe ser un ejemplo a nivel internacional en el respeto y protección de los derechos de todas las personas.
Apoyamos con total solidaridad al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, desde la Red de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México observamos con interés la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP). Reconocemos el potencial que tiene su desarrollo en la implementación de una política pública que debe ser activamente coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda.
No obstante, el PNBP presenta importantes limitaciones que reducen el alcance de las acciones que establece para garantizar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. Para abordar estas limitaciones, es necesario que el PNBP sea fortalecido en los siguientes rubros:
Realizar un diagnóstico integral sobre el problema de la desaparición de personas, así como de las capacidades existentes en el país para la búsqueda y la investigación. Éste requiere incorporar información oficial de la CNB y de la situación en los estados.
Proponer los medios o mecanismos para la implementación de las líneas de acción. El PNBP debe señalar elementos clave como responsables de las actividades, indicadores de resultados e impacto, y plazos de las estrategias para que sea realizable.
Hacer mención clara de la desaparición forzada y de las estrategias para prevenirla y enfrentarla como una violación grave de derechos humanos que sigue siendo utilizada en el contexto actual de violencia en el país.
Establecer lineamientos precisos que garanticen voz y voto para las familias y otros actores sociales en la toma de decisiones en todo el ciclo de la política pública.
Definir de manera precisa las estrategias diferenciadas para atender las desapariciones en distintos contextos considerando medidas particulares frente a los diversos grupos de población afectados.
Contemplar estrategias locales o regionales de búsqueda y lineamientos para la elaboración y puesta en marcha de programas estatales de búsqueda. La crisis de la desaparición de personas demanda el desarrollo e implementación de acciones estratégicas que respondan en justa medida a su gravedad.
Organizaciones firmantes
– Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
– Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sonora y Sinaloa)
– Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en V eracruz (V eracruz)
– Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC (Nuevo León)
– Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM, Alzando Voces (Michoacán)
– Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
– Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua)
– Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz (Zacatecas)
Durante los últimos meses, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha bloqueado varias reformas aprobadas por el Congreso. Algunas de ellas podrían contribuir a la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos, especialmente de algunas poblaciones vulnerables. A pesar de su potencial para proteger y garantizar los derechos humanos, estas reformas no han entrado en vigor debido al conflicto que existe entre el Gobernador y el Congreso por la designación del Fiscal General de Justicia.
Desde CADHAC, expresamos nuestra preocupación por la vulneración que estos vetos representan para los derechos humanos en la entidad. El veto a la reforma al Código Penal, porque impide que las autoridades cuenten con una interpretación adecuada del delito de feminicidio. Además, al no haberse aprobado esta reforma, no se han incluido sanciones a encubridores y servidores públicos que retarden la procuración de justicia en casos de feminicidio, lo que promueve la impunidad y propicia que estos delitos se sigan cometiendo.
Esta decisión del gobernador es particularmente lamentable ante un contexto de violencia de género que causó 102 feminicidios en 2022, lo que posicionó a Nuevo León en el segundo lugar a nivel nacional.
Otro veto con lamentables consecuencias es el que impidió la reforma a la Ley de Víctimas. Esta reforma pretende, entre otras cosas, que las víctimas directas e indirectas cuenten con un carnet que les permita tener acceso a programas sociales que inciden en la reparación del daño.
El veto reciente a la reforma de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres también perjudica el bienestar de madres solteras, personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia de género, pues obstaculiza la creación de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.
Los tres vetos a reformas constitucionales, que el Gobernador no tiene la facultad de bloquear, desgastan nuestras instituciones democráticas porque transgreden su adecuado funcionamiento en beneficio de un conflicto entre actores políticos.La división de poderes es necesaria en una democracia. No obstante, otro elemento fundamental es la búsqueda de consensos, porque eso permite que las instituciones públicas den respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. En vista del estancamiento político que limita el cumplimiento de los derechos humanos en Nuevo León, demandamos:
El Gobernador y el Congreso deben colaborar desde su respectiva autonomía para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en Nuevo León, especialmente de las más vulnerables. Para ello, el mecanismo de vetar o publicar reformas debe orientarse al cumplimiento de estos derechos y no como un instrumento para obstruir funciones entre distintas fuerzas políticas.
Nuevo León es un estado con una importante proyección nacional e internacional. La relevancia de esta entidad demanda la consolidación de un sistema político efectivo que brinde seguridad y bienestar a todas las personas. Nuestro estado es un referente en la creación de capital humano y también puede convertirse en un modelo en la protección y garantía de los derechos humanos a través de leyes que los protejan y los garanticen. Para ello, es fundamental la efectiva colaboración entre el Gobernador y el Congreso.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
En el contexto del 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres” decidimos unir fuerzas Chihuahua, Nuevo León y Coahuila para visibilizar a decenas de mujeres que han sido asesinadas y/o desaparecidas en nuestros estados. Lo que comenzó en 2022, hoy por segundo año consecutivo, se retoma por medio de la campaña “Norteñas por la Verdad y la Justicia”.
A raíz de la implementación de esta campaña el año pasado, nos dimos cuenta de la capacidad de articulación entre organizaciones de la sociedad civil para visibilizar a mujeres desaparecidas y/o víctimas de feminicidio; incluyendo compañeras que lucharon por sus derechos y que también fueron víctimas de estas violencias y hasta ahora no sabemos quiénes fueron ni dónde están. También queremos visibilizar a las mujeres que dejaron huella en la defensa de los derechos humanos.
Realizaremos estas acciones para traerlas a la memoria, para decir que nos ¡HACEN FALTA! Hacen falta a sus familias, hacen falta a la sociedad, y no podemos normalizar la violencia que existe en nuestro país viendo cifras alarmantes cada año.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy en México existen 111,648 personas desaparecidas, de las cuales el 25.08% son mujeres. Nuevo León, Coahuila y Chihuahua ocupan el quinto, décimo y onceavo lugar respectivamente a nivel nacional en desapariciones.
Durante 2022 desaparecieron 10,269 personas, eso significa en promedio 28 personas al día, de las cuáles por lo menos 8, eran mujeres; también, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 3,754 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 947 (25%) fueron investigados como feminicidios, lo que nos indica que en México son asesinadas 10 mujeres al día. Además, hay registro de 67,315 lesiones dolosas contra mujeres, así como 158 mujeres víctimas de secuestro y por lo menos 635 víctimas de trata. Aún sin considerar la cifra negra, estos datos nos hablan de la situación de violencias contra las mujeres, la cual es un problema muy grave en nuestro país y es necesario enfrentarlas y visibilizarlas.
Con esta campaña pretendemos dar un rostro a las mujeres que han sido víctimas de las mencionadas violencias, nombrándolas y contando sus historias para exponer la situación a la que nos enfrentamos las mujeres día con día, no olvidándolas y utilizando la memoria como medio de reparación colectiva.
Hacemos un llamado a las autoridades a realizar acciones contundentes para frenar las violencias de género; así como a brindar los medios de justicia necesarios para las familias de las víctimas que el día de hoy no se encuentran aquí; y las condiciones necesarias para una vida libre de violencias para mujeres y niñas.
Además, a la sociedad a sumarse compartiendo estas historias, así como a otras organizaciones y colectivas acompañantes; juntas podremos hacer visible este problema y exigir hasta ser escuchadas.
Que en cada historia recordemos alzar la voz en búsqueda de verdad y justicia, por todas, hasta que esta historia no se repita nunca más
#EnElNorteLasNombramos
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Contactos para medios: CEDEHM: (614) 142 0946 Fray Juan de Larios: (844) 277 8247 CADHAC: (812) 629 9561
Hoy, 16 de enero 2023, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). La creación de una ley de estas características fue una de las principales recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, respondió a la exigencia de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas del país. En este sentido, la Ley General representa un compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos, y ante el dolor de cientos de miles de familias.
En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición. Al mismo tiempo, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.
Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados*. Esto representa miles de familias cuyo dolor permanece ante la incertidumbre de la situación de su ser querido y la falta de respuestas. A lo largo de los años en los que la entidad no contó con una ley estatal sobre desaparición de personas, CADHAC y colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron esfuerzos promoviendo políticas para la búsqueda de personas y la atención a sus familiares. Ejemplo de lo anterior fue el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas, el cual estuvo basado en la Ley General y cuyo cumplimiento fue un compromiso de los gobiernos del estado y de nueve municipios.
Finalmente, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda. Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General. Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas.
Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal. La Ley General establece que las autoridades, desde el Presidente hasta el funcionario de menor rango, tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática y brindar justicia a las cientos de miles de familias y que en México no desaparezca nadie más.
Esta semana el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, dio a conocer, que en México, superamos las más de 100,000 personas desaparecidas. Frente a esta terrible situación CADHAC considera urgente reflexionar acerca de ¿qué significa esto?
Significa que miles y miles de familiares en todo el país, en su mayoría mujeres, buscan incansablemente a sus seres queridos. Tocan todas las puertas, suplican, gritan, toman palas para buscar, se convierten en investigadoras para que sus casos avances en las fiscalías y también en expertas en derecho para hacer avanzar el andamiaje legal que haga efectivos sus derechos (y los de sus seres queridos) a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Esfuerzos de años que sin embargo no alcanzan. Tenemos un México donde la tristeza y la impotencia nos impregna.
Significa que la falta de respuesta de las autoridades y la indiferencia de muchas de ellas no tiene límites. Nos faltan 100,000 personas y no hay resultados. Para nuestros gobiernos la búsqueda de la verdad y la justicia no parece ser una prioridad. Lo que hemos vivido en las últimas semanas en Nuevo León da cuenta de ello.
Significa que ante la ausencia del cumplimiento de sus obligaciones las autoridades optan por la revictimización, la indiferencia, el uso político de los casos e incluso la negación cuando las desapariciones son una realidad que nos golpea la cara.
Significa que somos un país en que se optó por una política de seguridad militarizada que está lejos de poner en el centro las necesidades de las personas.
Significa que somos el segundo país con más acciones urgentes ante el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, solo superado por Irak. El país al que este Comité decidió realizar su primera visita a un Estado y constató la crisis de violencia, la diversidad de perpetradores, la crisis forense y señaló claramente el camino a transitar: terminar con la impunidad e implementar una política de prevención para que esto no siga sucediendo.
Significa que es momento de que las organizaciones de la sociedad civil, nos mantengamos cada vez más cerca, con un abrazo protector, y fortalezcamos la exigencias desde nuestros espacios para que la negación se torne en reconocimiento, la indiferencia en atención, la revictimización en la centralidad de las víctimas, la competencia y la mezquindad entre dependencias en colaboración, la simulación en recursos y decisión para hacer las cosas de otro modo acorde a la magnitud del problema para brindar las respuestas que se merecen las víctimas.
Significa que necesitamos una dosis de humildad para reconocer esta terrible y desoladora realidad y sumarnos para que quienes no están vuelvan a casa.
Urge detener la desaparición de mujeres y niñas en el estado En tan solo 1 mes (8 de marzo al 8 de abril) en Nuevo León han sido registradas como desaparecidas 174 personas, 81 de ellas mujeres, de las cuales a la fecha 22 siguen sin ser localizadas según los datos del registro nacional de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda 2022
La desaparición requiere la atención inmediata y contundente de las autoridades de todos los niveles de gobierno y especialmente en las primeras horas para encontrar con vida a las personas y proteger su integridad física y psicológica. Las víctimas constantes son las mujeres y, especialmente niñas y jóvenes. Requerimos autoridades comprometidas, capacitadas y sensibilizadas para que realicen su trabajo no solamente registrando los casos y actualizando cifras dolorosas, sino impidiendo que sigan la violencia y las desapariciones.
Las familias de las personas desaparecidas y la sociedad civil han logrado que exista en Nuevo León tanto el delito de desaparición cómo leyes que ordenan la búsqueda inmediata, con la debida diligencia, con los más altos estándares internacionales en cuanto a celeridad, las mejores metodologías y la coordinación de comisiones de búsqueda (nacional y locales) con las autoridades involucradas por ley y por el protocolo homologado de búsqueda.
A pesar de todo el avance legal impulsado por las víctimas siguen presente los retrasos, insuficiente presupuesto y personal capacitado para lograr la correcta coordinación entre instituciones, a su vez, hace falta que no exista más impunidad para detener las desapariciones.
Nuestra sociedad tiene derecho a vivir en paz, con seguridad, con sus derechos humanos garantizados y tutelados por un Estado que ponga la seguridad y la vida de las personas en el centro de su interés y sus acciones.
Exigimos el cumplimiento del protocolo Alba para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas y se implemente el sistema nacional de prevención contra las desapariciones, con perspectiva de género y de infancia.
Exhortamos a toda la población brinde solidaridad a las familias víctimas, terminemos con los mitos y estigmatización que tiene la desaparición.
Desde CADHAC seguiremos alzando la voz en demanda de verdad y justicia y del fin de la violencia contra la sociedad, especialmente contra las mujeres. ¡Alto a las desapariciones!
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN, RESPONSABILIDAD Y VERDAD
Estamos por cumplir dos años sumergidos en una pesadilla debido a la pandemia de COVID 19. Los hospitales están volviendo a saturarse, los decesos están aumentando, hay largas filas para las pruebas y estas son insuficientes; la vacunación es lenta, reducida en cobertura y ausente para la población infantil; algunas personas se resisten a vacunarse y ponen en riesgo a los demás y enfrentamos un agotamiento e insuficiente protección del personal sanitario.
Las expectativas de alcanzar pronto una inmunidad de rebaño, son desalentadas por los especialistas, debido a la insuficiencia y retraso en la vacunación, particularmente en los lugares remotos, a los bajos niveles de vacunación en muchos países pobres del mundo y frente al riesgo del surgimiento de nuevas variantes del virus.
El nivel de contagio en las familias es alarmante. El alto nivel de contagio de la variante OMICRON del virus, si bien reduce la mortalidad, afecta a millones de personas y familias que han dejado de recibir ingresos al tener que ausentarse de sus empleos, al no poder realizar sus actividades económicas o al tener que cuidar de sus familiares y seres queridos.
Aumentan los riesgos en la creación de empleo digno y obtención de ingresos en el futuro cercano. La disminución de las previsiones de recuperación de la economía de nuestro país afectará los ingresos públicos, la generación de empleos bien remunerados y acentuará la precarización laboral. En tanto, las altas tasas de inflación afectan el costo de la canasta básica de alimentos y las posibilidades de una alimentación suficiente y adecuada para muchas familias.
Millones de personas y familias en nuestro país han agotado sus reservas. Enfrentan hambre, enfermedades no atendidas, pérdidas por muerte de familiares, duelos no concluidos, desalojos, violencia y despojo por el crimen organizado, miedo, atraso o abandono escolar, en suma, un mayor empobrecimiento y una gran desesperanza. Ello frente a programas de apoyo de los gobiernos federal y locales insuficientes para las personas y para las pequeñas y medianas empresas, principal fuente de trabajo en nuestro país. Los impuestos, multas y trámites hacendarios se endurecieron en perjuicio de las clases medias.
Por ello hacemos un llamado a LA SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN, RESPONSABILIDAD Y VERDAD
A TODA LA SOCIEDAD NACIONAL a:
Desarrollar iniciativas de apoyo mutuo y colaboración con aquellas personas u organizaciones que ya están realizando acciones comunitarias y que atienden:
La provisión y distribución de alimentos, ropa y calzado, utensilios, mobiliario, equipos electrónicos.
La distribución de materiales de protección y atención sanitaria (cubre bocas, desinfectantes, jabón, medicamentos, guantes, equipos de protección, oxígeno, equipos para discapacidades, etc.)
La prestación de servicios de salud mental, atención a la violencia, apoyo educativo, consulta y orientación médica o apoyo informático.
Organización de trueque de bienes y de servicios entre los que pueden ofrecerlos y aquellos que los requieren.
Quienes podamos de manera personal u organizados con nuestros vecinos, apoyar a personas y familias en situaciones de vulnerabilidad en nuestro entorno cercano, hagámoslo compartiendo comida, dando apoyos para la salud y acompañamiento, facilitando los cuidados, pagando mejor los servicios, ofreciendo trabajo y aumentando las propinas.
Distribuyamos y seamos solidarios ahora. Siempre hay alguien cerca a quien podamos ayudar.
Seamos responsables. Usemos cubrebocas de manera adecuada especialmente en lugares cerrados, aceptemos ser vacunados, evitemos aglomeraciones innecesarias y no permanezcamos en espacios cerrados y mal ventilados.
PROMOVAMOS JUNTOS SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN, RESPONSABILIDAD Y VERDAD.
Invitamos a que organizaciones, personas o colectivos que ya están en acción y requieren algún apoyo como donativos, alimentos, ropa, equipos de cómputo, trabajo voluntario u otro, manden a los correos que abajo se anotan los siguientes datos: nombre, ubicación, actividad que realizan, grupo o zona que atienden, qué requieren y a dónde se puede enviar.
ÚNETE AL LLAMADO A LA SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN, RESPONSABILIDAD Y VERDAD
Para unirte, mayor información o comentarios escribe al correo: UniendoFuerzasEnPandemia@gmail.com
Organizaciones convocantes
INCIDE Social A.C. – CADHAC – Spatium Libertas A.C. – NOSOTRXS – ADIVAC, A.C. – Circo Volador – 24-0 México – DESIDI, A.C. – Sin Fronteras IAP – CDH Ajusco
DEBEN DETENER LAS DESAPARICIONES EN EL ESTADO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE SUS FAMILIARES
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU; Albane Prophette-Pellasco, Secretaria Ejecutiva del Comité y Daniel Zapico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitaron Nuevo León para escuchar a colectivos, familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos.
En la reunión realizada en el Laboratorio Cultural Ciudadano estuvieron presentes familiares de personas desaparecidas, la Agrupación de Mujeres Organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León (AMORES DE N.L), Buscadoras de Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Eslabones de Nuevo León, Fundenl y Todos Somos Uno.
Al finalizar la reunión, Fernando Ríos, Director de CADHAC expresó a medios de comunicación que resulta urgente contar con la voluntad política de las autoridades de todos los niveles a fin de que se comprometan a colaborar y coordinarse desde sus competencias como mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD),
Fernando Ríos, Director de CADHAC
“Solo habrá resultados hasta encontrar a las más de 5,700 personas registradas como desaparecidas en Nuevo León, buscamos con las autoridades una mayor capacitación, se ha hablado que existan procesos de confianza, procesos de auditoría interna para que las familias tengan la confianza de denunciar”.
Leonor Flores, integrante de AMORES DE N.L. manifestó ante miembros del Comité que a pesar de los avances que se han tenido en la creación de leyes e instituciones lamentablemente esto no ha significado que el acceso a la verdad y la justicia sea una realidad.
Leonor Flores, integrante de AMORES DE N.L
“saber dónde están nuestros seres queridos desaparecidos ha sido nuestra constante preocupación y ocupación, y a pesar de todas nuestras múltiples acciones y grandes esfuerzos no hemos logrado los resultados que todas las familias anhelamos, que es tener a nuestros seres queridos de nuevo en nuestros brazos y en nuestros hogares”.
Desde CADHAC compartimos al Comité que en Nuevo León para concretar la LGD impulsamos el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en dónde promovimos acciones coordinadas de instituciones estatales y municipalesen búsqueda e investigación incluyendo los derechos de las familias víctimas a la atención y asistencia digna.
Es urgente encontrar la manera para detener las desapariciones en el estado y en el país, por ello dimos a conocer nuestras preocupaciones y recomendaciones, confiando nos ayudarán a encontrar soluciones para seguir adelante hasta encontrar la verdad, justicia, reparación y la paz.
Por lo que urgimos a:
· Que todas las autoridades del estado cumplan con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD).
· Que la Fiscalía General de Justicia y las Fiscalías de los Estados atiendan diligentemente todas las denuncias y den seguimiento oportuno a todas las carpetas de investigación, presentadas por desaparición.
· Que se sancione la impunidad, la corrupción que está impidiendo llegar a la verdad y al conocimiento de que fue lo que sucedió, ¿Dónde están?
· Que se implementen nuevas tecnologías que permitan la identificación de restos a pesar de lo degradado que se encuentren, garantizar la identificación de estos a la brevedad.
· Que se asegure presupuesto suficiente para los temas administrativos y logísticos entre otros, para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición, FGJNL (Servicios Periciales), la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Vale la pena mencionar que gracias al apoyo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, ICMP* La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha logrado un avance significativo en lo referente a identificación.
Solicitamos de la manera más atenta al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que de acuerdo a su ámbito de competencia actúe acorde a la apremiante crisis de desaparición de personas que vivimos en México.
*Desde su creación en noviembre de 2001, el sistema de identificación de ADN de personas desaparecidas de ICMP ha sido el punto de referencia para la innovación técnica en el campo forense internacional. Desde el año 2018 ha trabajado con la FGJNL para implementar tecnologías de técnicas forenses con un proceso de comparación de ADN de vanguardia que ha dado como resultado un aumento exponencial en el número de las identificaciones. ICMP ha colaborado con CADHAC desde el año 2014 ayudando a los grupos de familiares y otras organizaciones de la sociedad civil a recolectar, analizar y proteger información sobre las personas desaparecidas.
