el 10 de junio de 2013,

•La acción de la alcaldesa es una afrenta al principio histórico de separación de las iglesias y el Estado, y es una violación directa a la Constitución.

•El H. Congreso del Estado de Nuevo León debe, además de vigilar la no repetición de estos actos, demandar a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional.
Zihuame Mochilla, A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifestamos nuestra alarma y profunda indignación por las acciones de la licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, alcaldesa de la ciudad de Monterrey, que en un acto público en que confundió su feligresía personal y su investidura como presidenta municipal de la ciudad, hizo entrega simbólica de la Ciudad a Jesucristo.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento somos profundamente respetuosas tanto de la libertad religiosa como de la separación de las iglesias y el Estado, que es un principio fundamental sobre el que están construidas las libertades de los individuos y de los grupos.

La acción de la alcaldesa consistió en acudir a un acto a “entregar la ciudad a Jesucristo”, lo que es un hecho profundamente antidemocrático y antirrepublicano, que olvida que la ciudad es de todas y todos, de aquellas personas que comparten su fe, de aquellas que tienen otras creencias y de aquellas que son ateas. Con su actuar, además de insultar los ideales en los que se fundó la República, desconoce la enorme diversidad de ideas y creencias que enriquece a nuestra comunidad.

En el evento, la alcaldesa citó el acta de la fundación de la ciudad, que data de 1596, al hacerlo, la política regiomontana olvidó que han pasado más de cuatrocientos años en los que hubo luchas muy duras y sangrientas que culminaron con el entendimiento de que es la tolerancia de todas las creencias -o de la ausencia de ellas- lo que permite una convivencia pacífica, productiva y creativa, y que eso solamente es posible en el marco de un Estado absolutamente laico.

Las acciones de la alcaldesa no son solamente impropias, sino que son inconstitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por su parte, el artículo 130 constitucional garantiza la separación entre las iglesias y el Estado.
Por lo tanto, rechazamos firmemente esta injerencia de las creencias religiosas en la vida política de la comunidad y solicitamos al H. Congreso del Estado de Nuevo León a que, en aplicación de la Constitución federal y de la Constitución de nuestra entidad, demande a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional que ella tan vehementemente ha perturbado.