La militarización de la seguridad pública implica un grave riesgo para el respeto y la protección de los derechos humanos en México

La ampliación del periodo en el que los militares realizan tareas de seguridad pública refleja una estrategia federal que no ha priorizado el fortalecimiento de una corporación policiaca efectiva. Al aprobar que se extienda la participación de las fuerzas armadas en este ámbito hasta 2028, el Senado no ha tomado en cuenta el grave riesgo que representa para el respeto y protección de los derechos humanos.

Este dictamen aprobado propone extender la presencia de los militares en las calles cuatro años más de lo que estableció la reforma de 2019. De acuerdo con esa reforma, el plazo que vence en 2024 se utilizaría para reforzar a las policías locales y consolidar a la Guardia Nacional. No obstante, la prórroga indica que no se han llevado a cabo acciones efectivas para devolver la política de seguridad pública a las autoridades civiles. Además, la presencia militar se extendería en el sexenio de la persona que suceda al presidente López Obrador, limitando su capacidad de desarrollar una nueva política de seguridad.

La permanencia de los cuerpos militares en tareas de carácter policial prolongaría una estrategia que no ha sido eficaz para generar paz y justicia. En diversos estados del país se han presentado casos de participación de elementos de las fuerzas armadas en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Debido a estos delitos, algunos militares han sido condenados a prisión. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido distintas recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos. Estas circunstancias muestran los riesgos para los derechos humanos que entraña una estrategia de seguridad pública militarizada.

Si bien las policías locales hoy en muchos casos no pueden preservar la seguridad pública, recurrir a las fuerzas armadas tendrá consecuencias negativas en materia de protección de derechos humanos y en el desarrollo de una política de seguridad pública civil.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

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