Desde sus inicios, el trabajo de CADHAC ha estado ligado a las mujeres que se enfrentan a la violencia. El primer caso que llegó fue el de una mujer en riesgo por violencia familiar, pero, lo que al principio parecía un caso aislado, reveló algo más profundo: muchas mujeres vivían la misma violencia en silencio. A partir de ahí comenzaron a organizarse, a acompañarse entre ellas, a exigir derechos y a construir redes para sostener la vida cotidiana, desde garantizar alimento digno para sus familias hasta defender su derecho a vivir sin violencia.

Con el paso del tiempo, esa historia se transformó y tomó nuevas formas. Hoy vemos a mujeres que, frente a la desaparición de sus familiares, se organizan para buscar verdad y justicia. Madres, hermanas, hijas y esposas que han convertido el dolor en acción colectiva y que sostienen la esperanza incluso en medio de la incertidumbre. En un contexto donde las mujeres buscadoras siguen enfrentando riesgos, estigmatización y abandono institucional, su lucha recuerda que la violencia no es un hecho aislado, sino una realidad que atraviesa generaciones.

En este 8 de marzo, recordamos que la historia de CADHAC es la historia de mujeres que se organizan para enfrentar la violencia y defender la dignidad. Fortalecer esa comunidad y reconocer el poder colectivo de las mujeres sigue siendo una tarea urgente para transformar nuestra sociedad.

• Tan sólo el gasto de oficina de algunos secretarios cuenta con mayores recursos que el sistema estatal de salud o la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, evidenciando una disparidad entre las prioridades del gobierno y las prioridades de la población.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) observa con preocupación que, nuevamente, Nuevo León inició el año sin claridad sobre el uso de los recursos públicos y con la certeza de que la población no es la prioridad del gobierno. 

Por ejemplo, el presupuesto para comunicación de las Unidades Administrativas del Gobernador y el gasto de gobierno en Servicios de Comunicación Social, que suman mil 72 millones de pesos (mdp), duplica el presupuesto para Derechos Humanos (496 mdp) o el monto asignado para la operación de la Defensoría Pública (406 mdp). Mientras que la actual administración asevera que la protección a las infancias es una prioridad, el presupuesto para esta actividad representa el 82% del gasto destinado a difusión mediática. 

Además, el gasto en comunicación social triplica los recursos destinados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP), que suman a 351.5 mdp, y rebasa ampliamente el presupuesto para la atención a víctimas de violaciones a Derechos Humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y las actividades de prevención social del delito y violencia (224 mdp en total). Tan sólo para el gasto de comunicación social de la Oficina del Gobernador concentra 596 mdp.

Es decir, para el ejecutivo estatal, es más importante la visibilidad de sus acciones de gobierno, que la garantía de los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales y legislaciones locales.

Además, llama la atención que mientras la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana cuenta con un presupuesto superior a los 11 mil mdp, 9 mil mdp están registrados bajo el rubro “Oficina del C. Secretario de Movilidad y Planeación Urbana”, es decir, el titular de esta dependencia tiene más recursos disponibles para gasto discrecional que los destinados a otras áreas prioritarias para la población, como el Hospital Universitario y los Servicios de Salud (8.7 mil), la Fiscalía General de Justicia (5.1 mil mdp), el Sistema Metrorrey (821 mdp)o el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente (197 mdp).

Por lo anterior, desde CADHAC pedimos al Poder Legislativo y Ejecutivo realizar una evaluación a profundidad del presupuesto estatal con el propósito de poner la garantía de derechos y las necesidades de la población por encima de la promoción política de logros de gobierno. De igual manera, exigimos la construcción de consensos políticos que permitan alcanzar acuerdos a fin de priorizar el bien común, alejándose de disputas políticas y partidistas que no colocan a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones gubernamentales.

Si bien nuestra organización observa que existe un esfuerzo destacable de las distintas fuerzas políticas por lograr un consenso, en los hechos, no observamos que las prioridades en materia de justicia, Derechos Humanos o protección a poblaciones prioritarias estén reflejadas en los ajustes hasta ahora anunciados. El presupuesto es una decisión política que define qué se atiende primero y qué se deja para después, por lo que, cuando la sociedad no es prioridad, el gobierno posterga la garantía de sus derechos. 

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), expresamos nuestro pesar por el asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa. Rubí Patricia buscaba a su hijo, desaparecido desde mayo de 2025, y formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.

Rubí Patricia Gómez-Tagle fue asesinada al interior de su propia casa, en Mazatlán. El asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle ocurre en el contexto de la visita de la Presidenta de México a Mazatlán, Sinaloa, en este mismo estado.

Reiteramos que defender derechos y buscar a las personas desaparecidas no debe costar la vida de nadie. Ninguna persona debió ser desaparecida, y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación debe ser garantizado por el Estado a cada una de las familias buscadoras. No podemos seguir viviendo en un México que normalice la violencia contra las personas que buscan, ni permitir que se sigan sumando madres buscadoras asesinadas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar efectivamente la vida, la seguridad, la integridad y la protección de todas y de todos, con énfasis en las personas buscadoras y en quienes defienden derechos humanos, en un contexto de violencia e impunidad.

Esto no debería pasar y no debe normalizarse.

Desde CADHAC nos solidarizamos con Corazones Unidos por una Misma Causa y con todos los colectivos y familias buscadoras en México. Nuestro país no cuenta, pese a recomendaciones y llamados internacionales reiterados, con una política efectiva de prevención y protección. Las familias quedan expuestas no sólo al dolor, sino también a estigmatización, criminalización y riesgo.

Ni una persona desaparecida más.
Ni una madre buscadora asesinada más.

 ¡JUSTICIA!

En conferencia de prensa virtual, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Tejiendo Redes Infancia y Change.org exigieron al Gobierno de Nuevo León romper el cerco de protección política que ha sostenido la impunidad en el caso del niño Ángel Moreno y cumplir de manera íntegra la Recomendación 148/2025 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las organizaciones señalaron que la persistencia del encubrimiento no es un error administrativo, sino un entramado institucional que ha impedido investigar y sancionar de manera integral las responsabilidades vinculadas con el homicidio de Ángel. Subrayaron que no se trata solo de un caso aislado, sino de una falla estructural en el sistema de protección a la niñez bajo custodia del Estado.

Desde CADHAC advirtieron el doble discurso en la narrativa gubernamental: mientras la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, sostiene públicamente que las niñas y niños bajo resguardo del DIF son prioridad, en los hechos se evade la responsabilidad frente a un caso emblemático en el que el Estado falló gravemente en su deber de cuidado y protección. “No basta una buena fotografía ni discursos de sensibilidad: se requiere un sistema que responda con verdad y justicia ante violaciones graves a derechos humanos”, puntualizaron.

Las organizaciones reiteraron que Ángel no murió por causas naturales, sino que fue víctima de tratos inhumanos mientras se encontraba bajo custodia del DIF de Nuevo León. Por ello, el Estado tiene la obligación jurídica y ética de asumir responsabilidad, garantizar la reparación integral del daño y establecer medidas efectivas de no repetición.

Asimismo, destacaron que la implementación cabal de las recomendaciones emitidas por los organismos estatal y nacional de derechos humanos constituye la ruta mínima hacia la justicia, ya que establecen medidas concretas para corregir omisiones institucionales, sancionar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Finalmente, las organizaciones expresaron su respaldo a la iniciativa conocida como Ley Ángel y solicitaron al Congreso del Estado la apertura de un proceso de parlamento abierto que permita fortalecer, con participación de la sociedad civil, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, elevando los estándares de protección especial y supervisión en los centros de cuidado alternativo.

En este contexto, CADHAC y Tejiendo Redes Infancia hacen un llamado urgente al Gobierno de Nuevo León:

1.- Cumplimiento inmediato e íntegro de la Recomendación 148/2025 de la CNDH. El Gobierno del Estado debe aceptar públicamente y presentar, con plazos y mecanismos verificables, el plan detallado para su implementación.

2.- Seguimiento público y permanente desde el Congreso del Estado. Que el caso no sea archivado ni diluido. Se requiere supervisión legislativa transparente, comparecencias y rendición de cuentas periódica sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

3.- Reformas estructurales para garantizar la no repetición. Impulsar y aprobar cambios normativos —incluida la Ley Ángel— que fortalezcan la supervisión, los estándares de cuidado y los mecanismos de denuncia y protección para niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado.

Más de 38 mil personas han firmado ya una petición en Change.org, sumándose a la exigencia ciudadana de justicia para Ángel y de transformación estructural en el sistema de protección a la niñez. La sociedad civil está exigiendo. Es momento de que el Estado responda, por ello, este día se dio cita Pablo Quiroga Coordinador de CADHAC, en Oficialía de Partes del Congreso Local y Palacio de Gobierno donde se presentaron las 38 000 cartas que demandan justicia para Ángel Moreno. El llamado busca, al igual que la recomendación de la CNDH, que se esclarezca el tema y haya cárcel para las personas responsables, además de que se apruebe la Ley Ángel que busca mejoras en el resguardos de niñas y niños bajo custodia del DIF Nuevo León y Capullos.

Finalmente, las organizaciones resaltaron que la muerte de Ángel no puede quedar impune. La exigencia pública continuará hasta que existan respuestas verificables, responsabilidades claras y cambios estructurales reales.

Pasar de un caso grave, doloroso y aberrante a una responsabilidad institucional seria es una obligación del Estado. La justicia para Ángel es también una condición indispensable para proteger a todas las niñas y niños en custodia pública.

Este 8M 2024, desde CADHAC, alzamos la voz conmemorando la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y la justicia, y para continuar resaltando la terrible violencia de género que persiste en Nuevo León.

El estado enfrenta cifras alarmantes que nos posicionan en los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios, desapariciones y violencia contra niñas y mujeres.

Estos primeros lugares son más que estadísticas; son mujeres, personas con historias, sueños no cumplidos y familias desgarradas. Cada número de la violencia refleja el fracaso colectivo en proteger y en prevenir que otras mujeres sufran el mismo destino.

La realidad nos demuestra que no es suficiente contar con instituciones encaminadas a la protección de las mujeres si las políticas implementadas no logran disminuir significativamente la violencia de género. Esperamos que la recién creada Procuraduría de la Defensa de las Mujeres ayude realmente a garantizar el acceso a la justicia y terminar con la impunidad de estos casos.

Hoy, exigimos a las autoridades de Nuevo León y a todas las instituciones responsables acciones sustantivas. El elevado índice de feminicidios y violencias contra niñas, adolescentes y mujeres no solo destaca la urgencia de acciones coordinadas, sino que también revela la necesidad de abordar las raíces estructurales de la violencia de género.

Las mujeres de Nuevo León, al tomar las calles este 8 de marzo, buscan ser escuchadas y demandan un cambio real y tangible en la lucha contra la violencia de género; ellas no deberían enfrentar violencia ni represión por ejercer este libre derecho a manifestarse pacíficamente.

Exigimos que todas las instancias gubernamentales, desde la seguridad pública hasta la fiscalía, adopten medidas que protejan a las manifestantes, asegurando un ambiente donde puedan expresarse sin temor a represalias.

La respuesta de las autoridades a las demandas de justicia debe ser con resultados que protejan a las mujeres y no con la fuerza pública.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización civil, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

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COMUNICADO – 8M Nuevo León y la violencia de género – CADHAC

Recordemos que el 8 de marzo se instauró como Día Internacional de la Mujer luego de que decenas de mujeres obreras lucharon por sus derechos laborales y otras fueron masacradas por denunciar la explotación que vivían en los lugares de trabajo.

En este año la Campaña “Norteñas por la Verdad y la Justicia” bajo el lema #EnElNorteLasNombramos, decidimos incluir también a las compañeras madres, esposas, hijas, hermanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y denuncian la inoperancia del Estado Mexicano que no solo ha sido omiso, sino que se ha vuelto parte de este círculo de corrupción e impunidad.

Decenas de mujeres han sido criticadas, estigmatizadas, juzgadas, intimidadas, amenazadas, agredidas, violentadas y hasta desaparecidas y asesinadas y que, pese a ello, no paran y con dignidad continúan la tarea que deberían de estar haciendo dichas autoridades.

Derechos humanos y violencia

El derecho a una vida libre de violencia, a garantizar la búsqueda con los recursos necesarios tanto humanos como materiales; el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación para los hijos e hijas principalmente, son derechos que les han sido violentados de manera continua.

Vemos con tristeza que muchas de ellas han sido afectadas emocional, psicológica, física y económicamente. Cargan con enfermedades a partir de que desaparecieron sus seres queridos como diabetes, cáncer, hipertensión, fibromialgia, etc. Enfermedades que no han sido atendidas por las autoridades desde una política pública, ni siquiera han sido reconocidas por dicha problemática, argumentando que son enfermedades crónicas.

El pasado 28 de febrero, el Estado Mexicano fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no existe un Mecanismo de protección para las buscadoras. Hacemos eco de las palabras de la Comisionada Andrea Pochak, quien estaba presente en dicha audiencia: “La situación de las mujeres… que tengan que salir a buscar y que luego ponen en riesgo su propia vida es intolerable… el estado tiene que acompañar activamente porque, que encuentren es un milagro y aparece una segunda desaparición en muchos casos porque no se custodian… entonces los desaparecidos vuelven a desaparecer y esto también es intolerable”. [i]

Por lo anterior, exigimos al Estado Mexicano que:

• Garantice protección a las mujeres que buscan a sus seres queridos.
• Implemente políticas públicas que respondan a las necesidades que enfrentan las mujeres cuando realizan la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
• Que destine el presupuesto necesario para realizar acciones de búsqueda que lleven a encontrarles.

 Hacemos un llamado a la sociedad en general para que se solidaricen con quienes viven la desaparición y desde sus trincheras tiendan puentes de esperanza que ayuden a llegar a la Justicia y a la Verdad.

#EnElNorteLasNombramos

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

A dos años de la trágica muerte del niño Ángel Moreno al interior de las instalaciones del estado, expresamos profunda preocupación por la negativa del DIF de Nuevo León a aceptar la Recomendación (001VG/2023) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además la instrucción del Gobernador de impedir que la Directora del DIF Estatal comparezca ante el Congreso agrava las preocupaciones, porque, parece obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia.

Exigimos transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones de cuidado y bienestar que deben tener todos los niños, niñas y adolescentes a cargo del DIF estatal. Exhortamos a establecer un mecanismo de diálogo institucional, con la participación de organizaciones sociales, para implementar acciones que tengan como objetivo garantizar un entorno seguro para la niñez.

Instamos al Congreso a cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de la ciudadanía en general, y en particular, de la niñez, que en este contexto percibimos amenazada debido a la opacidad de una institución que está obligada a ser transparente y rendir cuentas.

Como parte de la sociedad exigimos que las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, que se encuentren bajo el resguardo del gobierno, vivan en condiciones de dignidad y se garantice su interés superior. 

Reconocemos el esfuerzo dedicado a mejorar las instalaciones físicas del DIF, sin embargo insistimos en que el cuidado de la población es el aspecto más importante. La verdadera calidad de vida de los niños y niñas radica en preservar su integridad; sin ello, cualquier mejora física al lugar carece de significado real.

La muerte de un niño es inaceptable, especialmente si sucedió en una institución del gobierno donde su responsabilidad es velar y procurar la integridad física y emocional de quienes tiene bajo su cuidado. 

#JusticiaParaÁngel y para toda la niñez institucionalizada.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización civil, apartidista,

sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

La crisis política en Nuevo León, derivada de la ambición presidencial de Samuel García y su solicitud de licencia, ha desencadenado una situación sin precedentes en el estado, amenazando la gobernabilidad y el estado de derecho. Una situación que la ciudadanía no merecemos y no debemos permitir.

La disputa entre García y el Congreso de Nuevo León, resalta la importancia del respeto a las decisiones judiciales y a la Constitución. En fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron mediante diversas sentencias, que corresponde, tal como lo mandata la constitución local, al Congreso de Nuevo León, designar a un gobernador interino.  

Sin embargo, el gobernador con licencia Samuel García al emitir y publicar  un acuerdo con el cual designa a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado del despacho, insiste en no respetar la sentencia del máximo tribunal de este país que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos.

Al tomar protesta se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esta actitud del gobernador con licencia no solo es ilegal, sino también inmoral, y constituye una falta de respeto hacia la ciudadanía que participa activamente en los procesos democráticos. Demuestra una clara falta de consideración hacia la confianza, el voto y el poder que los ciudadanos le han conferido, y una preocupante desconexión entre sus acciones y las responsabilidades inherentes a su cargo público.

Ante este escenario en la población surgen las siguientes dudas: ¿Por qué el gobernador insiste en actuar ilegalmente y no respetar la Constitución?, ¿Qué intereses son los que está protegiendo al considerar que sólo una persona de su partido puede ocupar la gubernatura interina? ¿Busca la desaparición de poderes en el Estado?

La conducta y acciones del Gobernador con licencia, Samuel García,  erosionan totalmente  la confianza pública. Su persistencia en adoptar el camino de la ilegalidad sugiere que podría percibir el cumplimiento de la ley como una amenaza a sus intereses personales y políticos, lo cual genera profundas dudas sobre su enfoque hacia la gobernabilidad y el respeto por los principios democráticos.

El Congreso de Nuevo León ha cumplido su deber a pesar de un proceso agitado y una irrupción violenta que buscaba detener el nombramiento de un gobernador interino. Ahora, la ciudadanía exige que esta decisión constitucional se respete, manteniendo la legalidad y la paz en el estado.

231129 COMUNICADO Ilegalidad y Poder_ Transgresión de Samuel García en Nuevo León (1)