• El Gobierno del estado de Nuevo León pretende destinar el doble del presupuesto de Derechos Humanos a actividades de comunicación social, lo que pone en duda su compromiso con la sociedad neolonesa.
• Tan sólo el gasto de oficina de algunos secretarios cuenta con mayores recursos que el sistema estatal de salud o la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, evidenciando una disparidad entre las prioridades del gobierno y las prioridades de la población.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) observa con preocupación que, nuevamente, Nuevo León inició el año sin claridad sobre el uso de los recursos públicos y con la certeza de que la población no es la prioridad del gobierno.
Por ejemplo, el presupuesto para comunicación de las Unidades Administrativas del Gobernador y el gasto de gobierno en Servicios de Comunicación Social, que suman mil 72 millones de pesos (mdp), duplica el presupuesto para Derechos Humanos (496 mdp) o el monto asignado para la operación de la Defensoría Pública (406 mdp). Mientras que la actual administración asevera que la protección a las infancias es una prioridad, el presupuesto para esta actividad representa el 82% del gasto destinado a difusión mediática.
Además, el gasto en comunicación social triplica los recursos destinados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP), que suman a 351.5 mdp, y rebasa ampliamente el presupuesto para la atención a víctimas de violaciones a Derechos Humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y las actividades de prevención social del delito y violencia (224 mdp en total). Tan sólo para el gasto de comunicación social de la Oficina del Gobernador concentra 596 mdp.
Es decir, para el ejecutivo estatal, es más importante la visibilidad de sus acciones de gobierno, que la garantía de los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales y legislaciones locales.
Además, llama la atención que mientras la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana cuenta con un presupuesto superior a los 11 mil mdp, 9 mil mdp están registrados bajo el rubro “Oficina del C. Secretario de Movilidad y Planeación Urbana”, es decir, el titular de esta dependencia tiene más recursos disponibles para gasto discrecional que los destinados a otras áreas prioritarias para la población, como el Hospital Universitario y los Servicios de Salud (8.7 mil), la Fiscalía General de Justicia (5.1 mil mdp), el Sistema Metrorrey (821 mdp)o el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente (197 mdp).
Por lo anterior, desde CADHAC pedimos al Poder Legislativo y Ejecutivo realizar una evaluación a profundidad del presupuesto estatal con el propósito de poner la garantía de derechos y las necesidades de la población por encima de la promoción política de logros de gobierno. De igual manera, exigimos la construcción de consensos políticos que permitan alcanzar acuerdos a fin de priorizar el bien común, alejándose de disputas políticas y partidistas que no colocan a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones gubernamentales.
Si bien nuestra organización observa que existe un esfuerzo destacable de las distintas fuerzas políticas por lograr un consenso, en los hechos, no observamos que las prioridades en materia de justicia, Derechos Humanos o protección a poblaciones prioritarias estén reflejadas en los ajustes hasta ahora anunciados. El presupuesto es una decisión política que define qué se atiende primero y qué se deja para después, por lo que, cuando la sociedad no es prioridad, el gobierno posterga la garantía de sus derechos.
