CADHAC presente en discusión legislativa sobre víctimas de la violencia

14 de marzo de 2019

Monterrey, Nuevo León

Durante marzo, CADHAC ha estado presente en dos mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso de Nuevo León para el análisis de modificaciones legislativas en torno a las víctimas de la violencia en el estado. Para contribuir a las discusiones, el equipo jurídico de CADHAC ha presentado a la fecha dos iniciativas de reforma a este marco legislativo.

En diciembre de 2018, presentamos en Oficialía de Partes una iniciativa de reforma a la Ley de Declaratoria de Ausencia para facilitar el proceso para la declaración de ausencia de una personas desaparecida y ampliar los beneficios a los que pueden acceder sus familiares mientras no se tenga información del paradero de la persona.

Además, en marzo de 2019, presentamos una iniciativa para reformar la Ley de Atención a Víctimas con el objetivo de armonizar su contenido con la Ley General de Víctimas, fortaleciendo institucionalmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León (CEEAV) y facilitando los procedimientos para que las víctimas accedan a la reparación del daño.

Para evitar cualquier confusión que puedan afectar los trabajos de dictaminación de cada incitativa, CADHAC ha promovido que la discusión de la Ley de Atención a Víctimas y la Ley de Declaratoria de Ausencia se realice de manera separada  y ha destacado la necesidad de identificar claramente dentro de la discusión los aspectos legales que corresponden a cada marco normativo.

Las iniciativas se encuentran en proceso de dictaminación. El equipo jurídico de CADHAC mantiene contacto cercano con la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso para dar seguimiento al proceso.

Propone CADHAC reforma en beneficio de víctimas de la violencia

12 de marzo de 2019

Boletín 1903/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), presentó hoy en Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León con el objetivo de armonizar su contenido con la Ley General de Víctimas, fortaleciendo institucionalmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León (CEEAV) y facilitando los procedimientos para que las víctimas accedan a la reparación del daño.

La Ley de Víctimas del Estado debió modificarse en 2017 para adecuarse a los cambios realizados a la Ley General de Víctimas en ese mismo año. El retraso en las adecuaciones con la legislación federal ha sido significativo por lo que la atención a esta propuesta debe ser prioridad. A través de la modificación de 32 artículos y la adición de otros 7, se plantean las siguientes modificaciones, entre otras:

 

  • El reconocimiento de autonomía de la CEEAV al darle personalidad jurídica y patrimonio propios, desincorporándola de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León para asegurar un enfoque institucional que ponga a las víctimas al centro sin tener que estar en conflicto con otras áreas de responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

 

  • La administración del Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de Nuevo León a través de un nuevo Fideicomiso gestionado por la CEEAV con el objetivo de evitar que este dinero pueda ser reasignado durante el ejercicio fiscal a otros rubros de gasto. De esta forma, inclusive si no se ejerce la totalidad del presupuesto asignado al Fideicomiso en un año, los recursos estarían asignados de forma permanente para la atención a víctimas.

 

  • La reforma propone el reconocimiento de los colectivos de víctimas como sujetos de derechos que puedan acceder a la reparación del daño cuando sus derechos han sido vulnerados.

 

La elaboración de esta iniciativa forma parte del trabajo legislativo de CADHAC, el cual incluye la presentación en diciembre de 2018 de una iniciativa de reforma a la Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el estado de Nuevo León y la participación activa durante en una mesa de trabajo para discutir las modificaciones necesarias al marco jurídico en materia de desaparición de personas y protección a víctimas durante el marzo de 2019.

Violentados derechos humanos de las mujeres por reforma a la Constitución

6 de marzo de 2019

Boletín 1903/04

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la aprobación de la reforma constitucional del artículo 1 realizada el día de hoy en el Congreso de Nuevo León que va contra la propia Constitución Federal en lo que respecta al avance en la protección de los derechos humanos.

Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las diputadas y los diputados aprobaron esta disposición que criminaliza a las mujeres sin considerar las condiciones que llevan a interrumpir un embarazo. Esta decisión exime también de toda responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción y vulnera el principio de igualdad de género. Con estas implicaciones negativas para las mujeres, la votación se realizó el mismo día que el Congreso declaró sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

La reforma avalada hoy va contra la progresividad de los derechos humanos y contraviene resoluciones internacionales vinculantes para México como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atravia Murillo vs. Costa Rica. De esta resolución se desprende que el embrión no es persona y que en lo que respecta a la vida prenatal se deben tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres embarazadas.

El proceso legislativo que se siguió para esta discusión fue realizado sin la debida transparencia y negando espacios de discusión abiertos a la ciudadanía para comparar ambas posturas. Así fue señalado por Mariela Saldivar, diputada de Movimiento Ciudadano, y Julia Espinosa de los Monteros, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, quienes apuntaron que una reforma constitucional debería pasar por mesas de trabajo y consulta a especialistas.

Reconociendo que la modificación aprobada no tiene sustento jurídico, confiamos que de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de esta acción de inconstitucionalidad habrá oportunidad de reparar el retroceso legislativo que los cambios al artículo 1 de la Constitución local representan.

Militarización se concreta en Nuevo León; Senado considera alternativas

8 de febrero de 2019

Boletín 1902/03

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la designación de un mando militar para coordinar la operación de seguridad de los once municipios metropolitanos, decisión que va en sentido contrario al compromiso asumido por el Senado de la República de realizar una dinámica de Parlamento Abierto para considerar modificaciones a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

El nombramiento de José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, como responsable de la coordinación de seguridad de los once municipios metropolitanos representa la decisión del Gobierno del Estado y las administraciones municipales de profundizar la participación militar que pasa de un rol ejecutivo y operativo a una función de mando y coordinación de la estrategia de seguridad pública de Nuevo León.

En contraste, legisladores en el Senado de la República acordaron realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para considerar alternativas que respondan a las posturas de organismos internacionales de protección a los derechos humanos y personas expertas en seguridad pública a nivel nacional agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes han evidenciado en múltiples foros y comunicaciones que la reforma constitucional propuesta profundizaría y haría permanente la militarización de la seguridad pública en México.

Si bien, la colaboración con las corporaciones militares y el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes municipios y el Gobierno del Estado en labores de seguridad son necesarias, el camino para realizarla no debe ser el ceder a la autoridad militar la titularidad para la definición de estrategia y la gestión operativa de las fuerzas policiales.

Hacemos un llamado al Gobierno del Estado y a las administraciones municipales a recuperar la esencia de la seguridad pública, la cual implica la prevalencia del mando civil sobre el militar. A su vez, les instamos a atender las recomendaciones de organismos internacionales que afirman que el camino para disminuir la violencia en el país debe partir del fortalecimiento de las corporaciones civiles policiacas que permitan el retiro paulatino de la presencia militar.

Compromiso de ediles para impulsar labores de identificación de personas desaparecidas de la mano de expertos

1 de febrero de 2019

Boletín 1902/02

De acuerdo al Registro Nacional de Datos sobre Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay 2,919 personas desaparecidas en Nuevo León entre 2006 y 2018, cuyas familias permanecen en una búsqueda constante. A esta cifra se suma la existencia de 119 fosas inspeccionadas en nuestro estado, dentro de las cuales existen restos y cuerpos que aún no han sido identificados.

El trabajo de acompañamiento de familias de personas desaparecidas realizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) desde 2009, fue fortalecido en 2011 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León asumió un compromiso de trabajo que resultó en avances importantes, aunque no suficientes, en la atención gubernamental a casos de desaparición.

A la fecha, este trabajo continuado ha resultado en la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y CADHAC para recibir apoyo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), un organismo internacional independiente que, a través de la transferencia y fortalecimiento de capacidades periciales de la Fiscalía, nos permitirá dar un salto cualitativo en la atención a casos de personas desaparecidas.

El Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, Homero Antonio Cantú Ochoa, mencionó que por parte del Gobierno del Estado existe voluntad para avanzar en el tema de localización de personas y que la Comisión Local de Búsqueda deberá seguirse fortaleciendo para que pueda cumplir exitosamente con sus funciones.

El compromiso de titulares de ayuntamientos de Nuevo León también quedó expreso con su asistencia a la reunión sostenida entre integrantes de la ICMP, la FGJNL y CADHAC, durante la cual se explicó la situación actual de personas desaparecidas en Nuevo León.

Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, se comprometió a colaborar tras recordar su periodo como Procurador, durante el cual pudo conocer en voz de las familias la profunda herida que representa para la sociedad en general que existan miles de personas desaparecidas

Por su parte, Clara Luz Flores, Alcadesa de Escobedo, reconoció la responsabilidad de los municipios en preparar a sus policías municipales para saber cómo proceder ante casos de desaparición de personas.

Asistieron también representantes de Abasolo, Apodaca, Allende, Cadereyta, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Santiago y Zaragoza a quienes se invitó a colaborar también sumando a los esfuerzos de comunicación para que más personas conozcan que aún son miles las familias que buscan a un ser querido.

“La investigación de todos los delitos está a cargo del ministerio público y de las policías. Hay una corresponsabilidad de nosotros y es muy importante que los municipios se sumen a esta acción para hacer puentes y encontrar la verdad”, destacó durante el evento Gustavo Adolfo Guerrero Gutierrez, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

El Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, William H. Duncan, acompañó también el evento junto con integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), organización que aporta los fondos para hacer posible el trabajo entre la ICMP y la FGJNL.

Con la experiencia probada, el conocimiento técnico y laboratorios de ciencias forenses de primer nivel, la ICMP es la institución más indicada para asesorar a Nuevo León en este proceso.

El proyecto avanza en una primera etapa de diagnóstico con el fin de diseñar una estrategia estatal que logre generar dinámicas de coordinación adecuadas entre todos los actores en Nuevo León para que con la asesoría de ICMP sea posible alcanzar un entorno de paz, el cual solo será posible dando respuesta a las demandas de verdad y justicia de las familias de las personas desaparecidas.

CADHAC LLAMA A EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR JUSTICIA Y VERDAD A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

30 de agosto de 2018

Boletín 1808/20

El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Este día fue declarado así en diciembre de 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas advirtió un aumento del fenómeno de desaparición forzada en diferentes regiones y países del mundo.

En el caso de México, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), Nuevo León es el quinto estado con mayor número de desapariciones en el país. Entre 2009 y 2018, CADHAC tiene registro de 1431 personas desaparecidas. El 47% de ellas caen en la tipificación de desaparición forzada.

Junto con las familias de personas desaparecidas y en colaboración con las instituciones públicas, CADHAC logró que el tema de desapariciones se atendiera con la diligencia necesaria. Entre 2009 y 2018, se localizaron a 172 personas, 78 de ellas vivas y 94 a través de muestras de ADN.

Sin embargo, la efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018. De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28 entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018.

En coordinación con el legislativo, las familias y la sociedad civil, CADHAC ha logrado posicionar en la agenda pública la necesidad de responder con urgencia ante la realidad de violencia que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad provocaron  en Nuevo León y la mayor parte del país. La Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición y la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León son dos muestras de los logros que se concretaron.

Sin embargo, estas Leyes no aseguran automáticamente mejoras en el desempeño institucional ni en el acceso de las víctimas a sus derechos. Aunque el trabajo de las familias y de organizaciones civiles ha resultado en avances concretos, las autoridades responsables de investigar e impartir justicia no han estado a la altura.

Hacemos una exigencia al Gobierno del Estado y a las autoridades de investigación, procuración e impartición de justicia para que la atención a víctimas no se estanque. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y que los casos no queden archivados.

Hemos comprobado que una búsqueda exitosa y la consignación de los culpables es posible al trabajar de forma coordinada las instituciones públicas, las familias y la sociedad civil organizada. Por esto, no aceptamos la baja en la efectividad de las instituciones y les urgimos que aseguren a las familias su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

EL DERECHO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA: POR UNA INVESTIGACIÓN SERIA DE LOS HECHOS

26 de junio 2018
Comunicado 1806/14

El 6 de julio de 2015 se reportó la muerte de Angélica Ortiz Sena y de Jesús Arturo Rodríguez Bastidas por medios de comunicación, la pareja fue encontrada sin vida y se presumió que Jesús Arturo había asesinado a su entonces novia Angélica Ortiz. Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) hemos acompañado a la familia Jesús Arturo Rodríguez Bastidas, desde hace más de dos años. La información que presentó la familia, junto con los reportes de peritos técnicos especializados muestran inconsistencias con la investigación realizada y reportada por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL).

El día de hoy la familia de Jesús Arturo, junto con Gerardo Moreno, médico forense, Juan Carlos Tirado, criminólogo, Lic. José Esteban Llamas, y Pbro. Víctor Murillo, han presentado evidencia científica que puede suponer que la teoría de un feminicidio-suicidio podría ser incorrecta. Además desde CADHAC coincidimos con la recomendación Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 30/2017, pues se presentaron omisiones en la investigación al no agotar todas las hipótesis del caso, falta de información en el expediente, haber irregularidades en la escena del crimen y no garantizar una diligente investigación para la familia.

Es por esto que la familia tendrá una reunión esta tarde con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para compartir la información técnica proporcionada por los peritos con la finalidad de que se investigue de forma diligente, transparente y objetiva la muerte de Angélica Ortiz Sena y Jesús Arturo Rodríguez Bastidas, atendiendo las omisiones e irregularidades antes cometidas.

El acceso a la verdad y la justicia  es un derecho que tienen las víctimas y sus familias. Desde CADHAC hemos fungido como un medio de comunicación entre ambas partes y buscamos que se esclarezcan los hechos para determinar qué fue lo que sucedió con la pareja, pues en caso de que la teoría del feminicidio-suicidio se compruebe incorrecta se deberá investigar y sancionar a los responsables.

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