Legalidad – Página 4

Human Rights Watch emite comunicado sobre Nuevo León.

3 febrero, 2011 by admin

Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey

Abusos del Ejército y la Marina deben ser investigados por la justicia penal ordinaria

(Washington, DC, 3 de febrero de 2011) – Human Rights Watch señaló que habría militares y policías implicados en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado mexicano de Nuevo León durante 2010. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables, afirmó Human Rights Watch.

En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía.

“La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia”.

Los familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch que habían reclamado ante las autoridades estatales y federales y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado averiguaciones previas. Sin embargo, según los mismos familiares, ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos documentados en Nuevo León por Human Rights Watch.

Human Rights Watch descubrió graves irregularidades en las investigaciones de estos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en algunas de las investigaciones no se entrevistó a testigos clave, tampoco se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. A su vez, la justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias. Tradicionalmente, el sistema de justicia militar de México ha garantizado la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles.

En algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes han sido objeto de intimidación u hostigamiento.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria

El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 p.m., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.

Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.

Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo ante la Agencia del Ministerio Público del estado. El 9 de agosto, la Agencia del Ministerio Público del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos “fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Sedena y sicarios”, y que no había indicios para presumir que “pertenecieran algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida”. En noviembre, se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar.

A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a Human Rights Watch que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.

Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos

El 5 de septiembre, aproximadamente a las 9 p.m., siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.

En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control. En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden de detenerse, el capitán había disparado. Sedena admitió que “no existió agresión contra el personal militar” desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado “por inercia”. Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.

El ministerio público militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de “violencia contra las personas causando homicidio”. Human Rights Watch solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegado.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de desapariciones forzadas documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

Jehú Abraham Sepúlveda Garza

El 12 de noviembre, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 6:15 p.m., fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.

La esposa relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las 7:30, poco después de que fue transferido a la policía ministerial. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.

En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre su paradero.

La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.

José Guadalupe Bernal Orzúa

Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las 10 p.m., cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.

Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad. Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó “¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?”. Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza.

Orzúa informó a Human Rights Watch que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.

México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde marzo de 2008. Entre las obligaciones jurídicas asumidas en los tratados, México tiene el deber específico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto; investigar en forma rápida, imparcial y efectiva todas las denuncias sobre desapariciones; y sancionar penalmente a los implicados. El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León incluso de las garantías más básicas de la Convención despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno Mexicano cumple con la Convención, señaló Human Rights Watch.

En la mayoría de los casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército o la Marina, los agentes del ministerio público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar. Según comentaron a Human Rights Watch agentes de la Procuraduría General de la República habían iniciado investigaciones en “dos o tres” casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Nuevo León, que aún estaban en curso.

El 20 de diciembre, la Corte Interamericana dictó una sentencia vinculante para México, en la cual dispuso que todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario. Se trata de la cuarta sentencia sobre abusos militares contra civiles dictada por la Corte desde 2008. En todas, la Corte determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por las fuerzas armadas.

Las investigaciones de Human Rights Watch—incluido un informe de 2009, Impunidad Uniformada—han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer vías de acción efectivas a las víctimas, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

“El Gobernador Medina debe asegurarse de que los agentes del ministerio público del estado lleven a cabo una investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones, y debe enviar un mensaje claro de que su gobierno no tolerará ningún tipo de violaciones de derechos humanos ni investigaciones mediocres”, afirmó Vivanco. “Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina”.

Para consultar otros informes de Human Rights Watch sobre México, visite:
http://www.hrw.org/es/americas/mexico

Nos unimos para decir basta… Exigimos un Alto a la Impunidad

31 enero, 2011 by admin

Monterrey, N.L., Domingo 30 de enero de 2011.

Consternados por el secuestro y homicidio de Arturo de la Garza, empresario y miembro de la clase política del estado, Organizaciones de la Sociedad Civil lamentamos el terrible acontecimiento del pasado viernes 28 de enero, y expresamos nuestra preocupación porque el aumento de la criminalidad, especialmente los crímenes violentos, no ha tenido una respuesta por parte de las autoridades. La impunidad, consideramos, es un factor central en las condiciones de inseguridad que vive el estado de Nuevo León. Por lo que hacemos un llamado a fortalecer el Estado de Derecho.

Esta preocupación se vuelve urgente porque el creciente sentimiento de inseguridad que vivimos los habitantes del estado de Nuevo León hace propicias las condiciones para la aparición de expresiones de venganza. La ausencia de acciones legales, veraces y efectivas, mantienen bloqueada la posibilidad del resarcimiento necesario que otorgan la justicia y el apego a derecho, de la misma manera que promueven la presentación de culpables ad-hoc para la opinión pública haciendo escarnio de los detenidos.

Por lo anterior, reivindicamos el respeto a la legalidad y el Estado de Derecho como la respuesta que deberá acompañar a todas las alternativas de solución de los problemas.

Para leer el comunicado completo pulsa aquí

“A fuerza querían que dijera que era Zeta”, texto de Sanjuana Martínez

21 enero, 2011 by admin

“A fuerza querían que dijera que era zeta”

Daniel Rodríguez Morales narra que tres días fue torturado por marinos; “me fabricaron pruebas”

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Monterrey, NL. Nosotros te vamos a arreglar la columna, cabrón, le gritaron a Daniel Rodríguez Morales, cuyas piernas no le respondían y era cargado por dos marinos al entrar a lo que parecía un gimnasio. Lo colgaron de las manos. Desnudo, con los ojos vendados. El golpe inicial de una tabla de madera en las nalgas lo hizo estremecerse de dolor. Luego siguieron las quemaduras en todo el cuerpo, las patadas en la columna vertebral, los puñetazos en las costillas… Aguantó el tormento físico en silencio para no darles gusto a sus verdugos que le exigían que gritara. Apretó las quijadas y los dientes hasta que lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico. En ese momento emitió un grito desgarrador. Un golpe seco en la nariz y en la frente lo llevó a la oscuridad reparadora de un desmayo momentáneo. Al despertar, los torturadores lo esperaban para continuar con su tarea, la cual duró tres días.

“Di que la Marina te rescató –le exigían sus captores. Di que eres zeta, que vendes droga, que eres del crimen organizado”. Daniel se rehusaba. No podía aceptar someterse a una mentira: “Pensaba que me iban a matar. Éramos varios. Sólo oía los gritos y el llanto de otros. Me decían: ‘ya se nos murió uno. ¿Quieres ser el próximo? Coopera’. Cuando me iba a derrumbar tomaba fuerza pensando en mis dos hijos, en mi mamá, en mis hermanos. Quería despertar. Quería que se acabara aquella pesadilla.”

Integrantes de la Armada de México lo detuvieron el 15 de octubre por la mañana en la calle Uranio, colonia San Pedro 400. Ocho marinos entraron a su casa sin orden de cateo y se lo llevaron sin orden de detención: “Nunca dijeron a quién buscaban, sólo me agarraron de la camiseta y me la pusieron en la cabeza, me estiraron del escapulario de San Judas Tadeo que traía en el cuello y me abrieron la cabeza de un cachazo. Desperté cuando me bajaron entre dos. Me torturaron durante tres días. No me dieron de beber ni de comer; no me permitían dormir. A fuerza querían que dijera que era narco”.

Daniel habla mientras camina con mucha dificultad. Usa bastón. La mañana es luminosa. El sol brilla en el patio del penal de Apodaca, Nuevo León. Su madre, Blanca Eva Morales, le ha traído carne con mole y arroz para almorzar. Su hermano Víctor está sentado en la mesa esperándolo. Han pasado tres meses de la tortura y las secuelas se traducen en intensos dolores que mitiga con las medicinas que su familia le trae cada semana: “Estoy desesperado, deprimido, hundido. No hice nada y aquí estoy por un montaje de la Marina. Me fabricaron delitos. Me sembraron pruebas. Alteraron todo. Dicen que me detuvieron en otra parte. Me convirtieron en zeta. Sacaron un comunicado y mi nombre está en Internet. Soy inocente. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a recuperar mi buena reputación? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Me han destruido”.

La entrada de periodistas al penal para ver a Daniel no está permitida. Su caso, como el de otros nueve presos, es considerado como un asunto delicado. Esta reportera entró a través de los controles de visita familiar, con una cita previamente acordada con el interno: Mi mamá intentó que otros medios denunciaran lo que me pasó, pero nadie quiso por tratarse de la Marina. La gente le tiene mucho miedo a los marinos; yo en cambio les tengo coraje. No es justo lo que me hicieron, comenta y muestra las huellas de torturas en las fotos tomadas por su madre cuando lo presentaron ante el juzgado quinto federal.

El montaje

¿Quieres abecedario o las vocales?, le preguntaban los torturadores a Daniel. Se trataba de darle un tablazo por cada letra: “Querían que me quebrara. Me dejaban tirado en el piso. Apenas me mojaban los labios con agua. Nunca pude ver el lugar, pero parecía un gimnasio. Cerca había unos baños. Recuerdo el olor y hasta allí me llevaban. Nunca dejaron de golpearme. El tercer día me dijeron: Mucho cuidado con hablar y contar algo. Si lo haces, mataremos a tu familia.

La Secretaría de Marina tiene su destacamento en instalaciones deportivas ubicadas en avenida López Mateos. Tres días después del operativo en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, emitió un comunicado donde señalaba que había detenido a 10 hombres pertenecientes a un grupo del crimen organizado, concretamente a Los Zetas. El documento decía que en la operación aseguraron dos AK47 (cuerno de chivo), un fusil ametralladora M-1 calibre 30, dos armas cortas, 111 cartuchos de diversos calibres, 220 dosis de cocaína, 440 dosis más de crack, 80 gramos de mariguana, un vehículo y equipo de comunicación.

Cuando la Marina presentó a los 10 detenidos ante la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se sorprendió: “Se quedó asustado al ver lo golpeado que estábamos. Nos dijo: ‘Cómo los han dejado’. Pero nadie intercedió por nosotros. Yo traía el ojo derecho cerrado por los golpes. En las heridas de las muñecas traía pus. No podía caminar. Estaba muy adolorido. En ese momento conocí a los que supuestamente eran mis cómplices”, cuenta Daniel.

Para su sorpresa, Daniel descubrió que no era el único inocente acusado falsamente por la Marina. En el penal se fue familiarizando con cada uno de los detenidos que componían la supuesta célula de Los Zetas. Cuenta que tres fueron sacados por los marinos de un taller mecánico cercano a su casa en San Pedro; otros tres lavacoches los detuvieron en el estacionamiento del supermercado Soriana y dos eran camioneros que fueron detenidos una noche antes en un enfrentamiento que ocurrió en Santa Catarina, donde murió un marino. Ambos se resguardaron de la balacera en la tienda de una gasolinera: Un trailero trabaja en Vitro y llevaba la carga. Tiene todos los documentos que avalan el recorrido que hizo. Iba a Tepic, de donde es. El otro trailero es de Querétaro. Los tres compartimos celda.

Todos han tenido la oportunidad de contarse sus historias y cotejar los datos con los que cuentan. El proceso que se les sigue es por pertenencia al crimen organizado. La Marina no se ha presentado en las pasadas dos citas jurídicas: Todo fue un montaje. Fueron levantando inocentes por puro coraje, porque les mataron a uno de ellos y querían presentar a los culpables de cualquier manera. Ahora saben que el caso no se sostiene. No tienen nada de lo que dicen. Hay muchas contradicciones en el expediente.

Daniel es un gran amante de la música. Y ha trabajado como DJ en bares y discotecas. Estaba desempleado desde hacía unos meses, intentando recuperarse de sus problemas de columna. Su madre lo ayudaba económicamente: Lo único que quiero es salir de aquí y olvidarme de todo. No he dejado que mis niños me vengan a ver. No lo soportaría. Sólo pienso en abrazarlos y estar nuevamente con ellos, dice llorando.

Madre Coraje

Blanca Eva Morales tuvo cinco hijos. Al nacer el último, con una deficiencia mental, su esposo la abandonó. Eso fue hace 18 años y desde entonces los ha sacado adelante: Yo vendo zapatos, ropa, trabajo todos los turnos que haga falta porque no quiero que anden mal vestidos ni que les falte nada, dice mientras sirve el mole y anima a Daniel a comer.

Tiene los ojos verdes. Lleva recogido el pelo en una coleta. Usa pantalón de mezclilla y camiseta. Parece una mujer enérgica, pero su cara amorosa se expone en cuanto mira a Daniel. Todos los días que puede viene a verlo a la cárcel. Le trae despensa, medicinas, cobijas, ropa, calzado: No puedo dejar que se me venga abajo.

Recuerda la angustia que padeció mientras el joven estaba desaparecido y el vía crucis judicial de estos últimos tres meses. Se limpia las lágrimas. Da un trago al refresco y dice: “Fui y me paré a la Marina hasta que apareció. Les gritaba. Los escupía. Les decía: ‘Deténganme a mí, desgraciados. Si me lo matan, no se la van a acabar”. Yo sabía que lo estaban torturando. Allí estuve día y noche. Me tomaban por loca. Yo pensé: si me lo entregan va estar bien golpeado. Me lo van a dejar peor de la columna. Tal vez tenga que volver al pañal y la sonda, pero no me importa. Si me lo matan, lo van a desaparecer”.

Blanca es policía y conoce los entresijos del sistema judicial: “Fui viendo los detalles del expediente. Todo se cae por sí solo (…) Me entró mucho coraje. Fui y hablé con la directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no quiso hacer nada. Le pedí ayuda a mucha gente. Nadie quiso hacer nada. Todo mundo le teme a la Marina. Yo no.”

Carta de Raúl Vera para los defensores y defensoras de Derechos Humanos

19 enero, 2011 by admin

Raúl Vera, Obispo de Saltillo; ganador del Premio Rafto 2010 a los Derechos Humanos

De los 30 mil asesinatos de esta guerra impuesta, la tercera parte de las muertes se dieron en el estado de Chihuahua. DEL TOTAL DE MUERTES EN EL 2010, CASI LA MITAD ACAHECIERON EN ESTE ESTADO ( 5212 ).

Asumo la exigencia de ustedes, para que se ponga ALTO A LA MASACRE propiciada por la corrupción, en los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal.

Cuando dicen que “se están matando entre ellos”, esos muertos son producto de la corrupción que dejaron crecer y dela que son cómplices.

El acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de violencia esta negado.En el 2010, hubo 442 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua –sólo en Ciudad Juárez fueron 306- todos ellos producto de la impunidad en la que desde hace más de una década, se mantienen los feminicidios.Por esta misma razón dio la vida Marisela Escobedo, POR EXIGIR JUSTICIA para su hija Rubí.

En estos días asesinaron a la activista Susana Chávez, porque para el Estado Mexicano las mujeres SON DESECHABLES, ya los asesinos de ellas los cobija LA IMPUNIDAD. Esta situación perpetúalas violaciones a sus Derechos Humanos: la violencia familiar, las desapariciones de niñas y mujeres víctimas del delito de TRATA, que nadie investiga. (Esta misma impunidad prevalece ante las desapariciones de varones, en su mayoría jóvenes, sin que los familiares tengan respuesta de parte de autoridad alguna).

Me sumo a su exigencia de ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y que se establezca la ALERTA DE GENERO.

También asumo su exigencia para que se frenen las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos y del Ejército Mexicano, con las desapariciones forzadas y el uso de la tortura como método para extraer información o arrancar confesiones. Que se ponga un hasta aquí a la impunidad en que se mantienen todas estas violaciones. Con ustedes me uno a la petición de NO AL FUERO MILITAR. Son los niños y las niñas, los y las jóvenes y las mujeres, las personas más vulnerables en esta guerra atroz e inútil.

Las mujeres son quienes llegan a las morgues a buscar a sus hijos e hijas, a sus esposos y hermanos. Ellas sontestigos de cómo son torturados. Ellas son, al lado de sus hijos e hijas, huérfanos y huérfanas, quienes forman el caudal de centenares de viudas en Chihuahua y el resto del país.

Con ustedes rechazo las MASACRES EN CREEL Y EN CIUDAD JUÁREZ, con los signos de limpieza social, realizada por medio de grupos paramilitares con la complacencia del estado. Y me uno a su solicitud de QUE SE IMPLEMENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA UN PROGRAMA ANTE LA EMERGENCIA HUMANITARIA, CON LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD

Rechazo con ustedes que ante la protesta social, la respuesta sea la criminalización de los luchadores y las luchadoras sociales, la represión, el hostigamiento, las amenazas y las campañas de desprestigio, argumentando que “ lucran con el dolor humano” .

CON USTEDES EXIJO:

Protección y garantía para el ejercicio de la misión de las defensoras y los defensoras de los Derechos Humanos que trabajan en la restructuración social, por el camino de restablecimiento de la justicia, que nos conduce a la paz.

ME UNO A SU GRITO DE JUSTICIA PARA QUE EN ESTE ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN TODO EL PAIS, GOCEMOS LOS MEXICANOS DEL DERECHO LA INTEGRIDAD DE LA VIDA, A LA SEGURIDAD, ALA LIBERTAD DE TRÁNSITO, Y POR ENCIMA DE TODO, AL RESPETO A NUESTRA DIGNIDAD.

NI UNA MÁS, reclamo urgente de la sociedad civil

17 enero, 2011 by admin

Monterrey, Nuevo León, lunes 17 de enero de 2010. Ciudadanas y ciudadanos, y organizaciones sociales se unieron a la serie de manifestaciones nacionales e internacionales en contra de los asesinatos cometidos contra mujeres, en memoria del asesinato de Marisela Escobedo en Chihuahua.

Con el grito de “NI UNA MUERTA MÁS” recordando a Marisela Escobedo, muerta frente al Palacio del Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre pasado, y también a Susana Chávez, muerta en Ciudad Juárez el pasado 6 de enero, las organizaciones se unieron a una campaña nacional en demanda de solución a los asesinatos cometidos contra mujeres. “Como recordamos a Marisela Escobedo, queremos que se guarden los nombres de las 70 mujeres muertas en Nuevo León durante el 2010”, señalaba María Cruz Flores, del Colectivo Plural de Mujeres.

“Queremos unir nuestras voces por las mujeres muertas por la violencia social”, dijo Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., que como señal alarmante “la última víctima de asesinato del año 2010, tanto como las primeras de 2011, fueron dos mujeres.” No podemos olvidar, dijeron, que son “muchas mujeres que son objeto de violencia, que son incluso niñas”.

Citando el caso de Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, quien fuera encontrada muerta colgando de un puente peatonal en Monterrey el pasado 31 de diciembre, las organizadoras señalaron que “también las mujeres que cometen delitos tienen que ser juzgadas y castigadas, pero no de esa manera.”

Una de las consecuencias de la violencia del narcotráfico, de la violencia organizada, es que ha vuelto invisibles los delitos cometidos como parte de la violencia doméstica.

Liz Sánchez, de Alternativas Pacíficas apuntó, “condenamos los asesinatos cometidos contra mujeres, que frenen, tanto los cometidos dentro de la violencia social como la doméstica”

Las organizadoras insistieron en que ambas violencias son parte de un mismo sistema que no protege a las ciudadanas y a los ciudadanos, que no cuenta con mecanismos de defensa de las víctimas y que es incapaz de sancionar a los delincuentes. Siendo la impunidad el principal problema de todo tipo de violencia, exigieron al gobernador Rodrigo Medina, protección efectiva y juicio contra los verdaderos responsables.

Ante la violencia irracional… la racionalidad de la legalidad

23 agosto, 2010 by admin

23 de agosto de 2010

Comunicado número: 0810/011/BP

Ante la violencia irracional… la racionalidad de la legalidad

Ante el agravamiento de la violencia que afecta a nuestra entidad, esta organización desea manifestar públicamente su más seria preocupación por la situación de los derechos humanos de la ciudadanía, mismos que parecen ser sistemáticamente desestimados por todos los involucrados en este terrible escenario de inseguridad.

Esta organización ha seguido recibiendo, por múltiples vías, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Estas violaciones son, por sí mismas, gravísimas afectaciones a nuestra sociedad, pero resulta extremadamente delicado que sean cometidas, por igual, por autoridades y por criminales. En el Estado de Nuevo León, el ciudadano común no sabe ya si el retén que le espera en la esquina es un operativo municipal que busca generar entradas económicas mediante corrupción, si es una estrategia federal o militar para detener a algunos (es irrelevante si son culpables o inocentes si se puede aparentar que la situación mejora), o si es un grupo armado ilegal que lo puede secuestrar. El que las autoridades utilicen los mismos medios —la violencia y la ilegalidad— que los criminales usan para lograr sus fines no contribuye a fortalecer la seguridad y sólo agrava el problema de la impunidad.

CADHAC considera que la única forma efectiva de detener la violencia es deteniendo la corrupción, la ilegalidad y la impunidad. De nada sirve contar con más federales o con más elementos de las fuerzas armadas, si éstos en vez de hacer cumplir la ley vienen a violarla, si en lugar de protegernos, nos disparan. De nada sirve hacer controles de confianza a los policías si los mandos altos no trabajan del lado de la sociedad. De nada sirve un despliegue obsceno de fuerza, si el ciudadano común sigue abandonado por las autoridades.

Esta organización reafirma su convicción de que es a través de la aplicación de las leyes y del respeto irrestricto a los derechos humanos como se puede abatir el estado de inseguridad que priva en la entidad. Estamos seguros de que la ciudadanía apoyaría activamente a las autoridades si se dedicaran a la construcción de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en el que todos podamos vivir bien dentro del marco de nuestras leyes, en vez de trabajar para atacar la violencia irracional con más violencia irracional.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

10 junio, 2010 by admin

07 de junio de 2010

Comunicado número: 1006/008/BP

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que se apruebe la propuesta de un mando único de policía. Durante su XXXVIII Reunión ordinaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso que cada entidad federativa cuente con un mando único para todas sus policías, es decir, que se elimine el mando municipal.

CADHAC considera que la propuesta de un mando único por entidad es apresurada y simplista, ya que no se basa en ningún análisis de la situación que impera en el país. La propuesta carece de mecanismos para mejorar el trabajo de los cuerpos policiacos e, injustificadamente, parece afirmar que el problema de seguridad tiene como causa la pluralidad de corporaciones y no el desempeño de las mismas o el modelo de seguridad y las políticas públicas con las que éstas trabajan.

Un mando único por entidad federativa daría mayor poder a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en detrimento de la autoridad de los municipios y de las delegaciones capitalinas; además, no hay ninguna evidencia de que dicha transferencia de poder sirva para proteger mejor a la ciudadanía. Debido a que los cuerpos policiacos estatales son ineficaces, corruptos y poco transparentes, no hay razón alguna para pensar que harán mejor el trabajo que ahora comparten con las distintas corporaciones municipales.

CADHAC considera que la propuesta no atiende la complejidad de la situación de seguridad en el país y exhorta a los actores involucrados a meditar detenidamente el asunto y a buscar auténticos cambios en la fracasada política nacional de seguridad.

Foro de Análsis sobre seguridad pública y participación ciudadana en Nuevo León

21 abril, 2010 by admin

Con mucha alegría les invitamos al foro que hemos venido organizando expertos nacionales, académicos locales, y nosotros, con el tema de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

El Foro será: el lunes 26 de abril 2010 de las: 19:15 a las 21:20 horas en el Museo de Historia Mexicana (Paseo Sta. Lucía)

Estoy segura que no se arrepentirán de haberse dado tiempo a participar en este Foro, y si ampliaremos nuestros horizontes sobre estas tan difíciles situaciones de inseguridad.

¡Ayúdenos a difundir esta invitación!

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

9 febrero, 2010 by admin

8 de febrero de 2010

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

Comunicado de Prensa

El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”. En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.

Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”

En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?

Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.

Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”

La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales. Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.

Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.

Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.

No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.

Operativo Mochila: medida ineficaz y atentatoria a los derechos de la niñez

2 septiembre, 2009 by admin

2 de septiembre de 2009

Comunicado No. 0809/026BP

Operativo Mochila: medida ineficaz y atentatoria a los derechos de la niñez

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio ratificamos nuestra indignación y preocupación por la nueva aplicación del Operativo mochila, en esta ocasión por parte de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza y en perjuicio de niñas y niños que cursan secundaria.

Consideramos que este operativo busca criminalizar a la niñez sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social, derivada en su origen de la disfuncionalidad de algunas familias y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente, reflejado particularmente en el imperio del narcotráfico, la impunidad y la inseguridad.

El operativo Mochila Segura y la aplicación de exámenes antidoping, inscritos en el programa Escuela Segura que a su vez forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la administración federal, han perdido su vigencia, según el reconocimiento hecho por el Secretario Estatal de Educación sobre la ineficacia de los mismos, por lo que resulta una incongruencia que el gobierno municipal nicolaíta insista en su ilegal aplicación.

Dichos operativos son atentatorios a los derechos de la niñez a la no discriminación, a decidir sobre los asuntos que los afectan y a intimidad, respeto y dignidad[1]; además, tales acciones impiden la construcción o el fortalecimiento de relaciones de diálogo y confianza entre niños y adultos, no previenen el uso de drogas, no ayudan a evitar una mayor adicción del adolescente a las drogas y no combaten el tráfico de éstas.

El hecho de que algunos padres o madres de familia hagan presencia en la aplicación del operativo no legitima tal violación a los derechos humanos antes mencionados, ya que éstos pertenecen en forma inalienable a sus titulares niños y niñas, no a los progenitores, quienes pueden revisar las mochilas de sus propios hijos, en la privacidad del hogar, pero no las de niños ajenos y no en actos de exhibición pública ante propios y extraños.

Instamos a las autoridades estatales y municipales, así como a los padres y madres de familia a no normalizar el estado de vigilancia y escrutinio de las principales víctimas de la violencia y el narcotráfico: las niñas y los niños. Particularmente exigimos a la Dirección de Prevención del Delito de San Nicolás de los Garza cancelar la aplicación del Operativo Mochila e invitamos a trabajar en un verdadero programa de prevención que desaliente y erradique la comisión de delitos, sin incurrir en prácticas represivas y violatorias de los derechos fundamentales, en abono a la reconstrucción de la seguridad ciudadana y la confianza en los cuerpos policíacos.

¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

[1] Artículos 2, 12 y 16 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Categoría: Legalidad