Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.
Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.
En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.
A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.
CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.
De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.
Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.
¡Verdad y Justicia para Ángel!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993
En enero de 2023, se registraron 52 desapariciones en Nuevo León, incluyendo casos de desapariciones grupales, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido. Esto sucede en un contexto de violencia equivalente a los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico en 2010 y 2011. Desde CADHAC denunciamos la preocupante inacción del gobierno del estado.
No existen excusas ni impedimentos legales para que el gobierno desarrolle políticas de prevención, atención, reparación e investigación efectivas. En 2023 entró en vigor la Ley estatal sobre desaparición de personas. Además, desde 2011 existen múltiples acciones e instituciones desarrolladas para hacer frente a esta tragedia, propuestas desde las propias familias víctimas. En pocas palabras, las autoridades de Nuevo León están ante una problemática bien conocida por la sociedad neoleonesa y especialmente por las familias de las personas desaparecidas.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tiene fiscal por una crisis de gobernabilidad que lleva varios meses. Así mismo, es evidente la incapacidad de las autoridades para detener las desapariciones y otros actos violentos que están a la orden del día.
Las desapariciones de personas en Nuevo León han aumentado de forma alarmante durante los últimos años. No hay pretextos para la inacción de las autoridades. CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde y a poner en marcha el andamiaje institucional construido durante más de una década de denuncia, búsqueda y demanda.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, desde su fundación en 1993.
CADHAC celebra la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que condena al Estado mexicano en el caso Tzompantle Tecpile donde tres personas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria por policías, con un inadecuado proceso judicial. La sentencia genera un precedente que limita el uso de la prisión preventiva. Es decir, evita que las personas sean encarceladas sin que exista una condena en su contra.
En dicha sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano:
1. Eliminar el arraigo, pues viola los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. El arraigo es la privación de la libertad de una persona con fines de investigación y hasta por 80 días en casos de delincuencia organizada.
2. Adecuar la prisión preventiva oficiosa para evitar medidas arbitrarias y garantizar la presunción de inocencia. La prisión preventiva implica enviar a una persona a la cárcel sin que haya sido condenada por un delito y puede permanecer años sin que se le dicte sentencia.
La implementación de las medidas derivadas de esta sentencia es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso legal y la presunción de inocencia. En nuestro país hay 230,000 personas privadas de la libertad. De ellas, casi la mitad, el 40%, no tiene una sentencia.
En Nuevo León, hay 9,648 personas privadas de la libertad, de las cuales el 39% siguen esperando una sentencia. Además, en nuestra entidad hay una sobrepoblación penitenciaria que es particularmente preocupante en los penales Norte 1 y 2 en Apodaca, las cuales son del 21% y del 17% respectivamente.
México debe cumplir con las medidas ordenadas por la Corte y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta sentencia es trascendental para el respeto y protección a los derechos humanos dentro de los procesos penales en el país garantizando la presunción de inocencia.
El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. En este día es fundamental recordar que la educación es un derecho humano que contribuye al desarrollo cognitivo de las personas, lo que tiene el potencial de acabar con el ciclo de pobreza, así como de promover la comprensión y el respeto.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer este derecho. En Nuevo León, el cumplimiento del derecho a la educación ha tenido avances importantes en comparación con otras entidades del país. Sin embargo, alrededor del 14.4% de toda la población del estado padece rezago educativo*. Esto significa que 842 mil personas no cuentan con la escolarización obligatoria completa. Además, aún existen barreras importantes en los servicios relacionados con la educación, como la cobertura, el cobro de cuotas, las condiciones de las instalaciones y la discriminación. Superar estar barreras requiere de esfuerzos institucionales desde un enfoque de derechos humanos.
Los servicios relacionados con la educación deben tener disponibilidad, lo que implica que existan las escuelas, aulas, profesores y materiales suficientes para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Con base en lo anterior, es necesario que la infraestructura y el personal necesario estén al alcance de las personas que viven en las distintas comunidades de la entidad.
Las autoridades también están obligadas a brindar educación de calidad. Esto significa que las y los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas para sus necesidades, que los profesores estén apropiadamente capacitados y que los materiales sean pertinentes para favorecer el desarrollo del conocimiento y la creatividad. En este ámbito, es importante que la infraestructura de los centros educativos se encuentre en buenas condiciones para la seguridad, higiene y bienestar de quienes asisten a ellos.
Otra característica que debe tener la educación es la accesibilidad. Esta obligación incluye diferentes aspectos entre los que se encuentran el económico y el físico. La accesibilidad económica se refiere a que el ejercicio de este derecho no genere un gran costo para las familias. No obstante, el cobro de cuotas en las escuelas puede representar una porción muy grande de los ingresos de las familias de escasos recursos. Por otro lado, la accesibilidad física implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que todas las personas, incluyendo aquellas que padecen alguna discapacidad, puedan gozar de este derecho.
Finalmente, cualquier derecho humano está regido por el principio de no discriminación. En el caso de la educación, esto está estrechamente relacionado con el acceso de personas con discapacidad a los servicios educativos. En materia de infraestructura esto se debe reflejar en, por ejemplo, la adaptación de las instalaciones como escaleras, baños y aulas para estudiantes que padecen alguna discapacidad. Al mismo tiempo, esto requiere la capacitación adecuada de los profesores sobre cómo impartir clases a estudiantes que tienen necesidades especiales.
El derecho a la educación tiene el potencial de mejorar el bienestar de los individuos y generar sociedades más pacificas. Su garantía requiere la suficiente provisión de recursos y la implementación de políticas adecuadas. Para ello, el enfoque de derechos humanos es una guía indispensable sobre cómo responder efectivamente a las necesidades y exigencias de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a la educación.
El día de hoy recibimos la visita en CADHAC Derechos Humanos del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Sr. Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Equipo CADHAC 2023 con el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Hoy, 16 de enero 2023, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). La creación de una ley de estas características fue una de las principales recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, respondió a la exigencia de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas del país. En este sentido, la Ley General representa un compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos, y ante el dolor de cientos de miles de familias.
En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición. Al mismo tiempo, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.
Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados*. Esto representa miles de familias cuyo dolor permanece ante la incertidumbre de la situación de su ser querido y la falta de respuestas. A lo largo de los años en los que la entidad no contó con una ley estatal sobre desaparición de personas, CADHAC y colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron esfuerzos promoviendo políticas para la búsqueda de personas y la atención a sus familiares. Ejemplo de lo anterior fue el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas, el cual estuvo basado en la Ley General y cuyo cumplimiento fue un compromiso de los gobiernos del estado y de nueve municipios.
Finalmente, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda. Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General. Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas.
Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal. La Ley General establece que las autoridades, desde el Presidente hasta el funcionario de menor rango, tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática y brindar justicia a las cientos de miles de familias y que en México no desaparezca nadie más.
Resaltamos la fidelidad a su compromiso de seguimiento al Señor Jesús, abriendo caminos de protección y dignidad para hermanos migrantes centroamericanos, en momentos donde no había espacios para su acogida.
Su andar es inspirador, con su profundidad analítica de la realidad e interpretaciones que sin duda siempre iluminaron el caminar y seguirá presente a través de su vida y sus escritos.
Nuestras más sentidas condolencias y un abrazo de fuerza a su familia, seres queridos, para la Orden de Dominicos y para los y las compañeras que integran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Ante los acontecimientos ocurridos al inicio de esta semana, nuestros pensamientos están con las familias de los policías y los civiles que han perdido la vida, y con las personas que han resultado heridas o afectadas por este doloroso incidente.
El trabajo de los policías es una gran responsabilidad, y merecen todo el respeto por proteger y servir a la comunidad.
Es importante que se brinde apoyo y protección a las familias de los policías que han perdido la vida desempeñando su trabajo. Solicitamos que las autoridades tomen medidas para garantizar los derechos de sus familiares, particularmente de sus hijos pequeños.
Llegamos al final de otro año y desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, sentimos una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en nuestra entidad
Este año ha sido particularmente difícil. La inseguridad y la violencia han azotado nuestra entidad como en los peores tiempos que dejó a miles de familias vulnerables y en un profundo dolor. Además, gran parte de la población ha sido privada de sus derechos básicos por el estado, como lo es el agua y el transporte.
A pesar de todo esto, no perdemos la esperanza. Tenemos la convicción de que en unión, asumiéndonos como personas defensoras de derechos humanos podemos hacer un cambio real y duradero. Sabemos que podemos construir un futuro más justo y más equitativo para cada persona.
Les invitamos a seguir apoyando en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nuevo León. Juntas, juntos podemos hacer la diferencia.
En este espíritu de esperanza y amor, queremos desearles a todos un feliz año nuevo y enviarles nuestros más sinceros deseos de paz y prosperidad. Que el nuevo año sea un año de cambio y de avance hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.
Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken
Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard
Estimados Secretarios Blinken y Ebrard:
En nuestra calidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas comprometidas con los derechos humanos y el estado de derecho, les escribimos de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México programado para el 13 de octubre de 2022, para compartir observaciones y recomendaciones para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos en consonancia con algunos de los ejes más prometedores del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
En el contexto actual, urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública. México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
A través del Entendimiento Bicentenario, adoptado en octubre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometen a abordar el uso problemático de las drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas de violencia que más lastiman a las poblaciones de uno o ambos países, tales como los homicidios, las desapariciones y la violencia basada en género.
Sin embargo, a un año de la adopción del Entendimiento, nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares. Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.
En Estados Unidos, reconocemos la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.
Asimismo, recordamos la importancia de que los gobiernos estadounidense y mexicano brinden información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral de seguridad, facilitando el diálogo y la participación de la sociedad civil. Los resultados preliminares del Entendimiento, dados a conocer en abril de 2022 por autoridades de ambos gobiernos, se centraron en una lista de detenciones de alto perfil, laboratorios de droga desmantelados, droga incautada y esfuerzos por combatir el tráfico de personas, regular precursores químicos y ampliar el rastreo de armas de fuego. La principal acción anunciada en materia de salud pública en ese momento fue la firma de un memorando de entendimiento sobre el tratamiento de las adicciones. Esperamos que el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad se acompañe de información actualizada y más completa sobre cómo la cooperación está avanzando en otras áreas referidas en el Entendimiento Bicentenario, tales como mejorar las investigaciones penales de los homicidios y fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia. Si bien dichas áreas pueden requerir mayor tiempo para mostrar resultados medibles en terreno, hacemos hincapié en la necesidad de mantener tales metas transformadoras al centro de las discusiones y acciones bilaterales.
Para garantizar que la cooperación construya soluciones duraderas, incluidas especialmente instituciones capaces de prevenir y responder a la violencia, las adicciones y los demás retos que subyacen el Entendimiento Bicentenario, instamos a ambos gobiernos a priorizar la implementación de compromisos prometedores del Entendimiento tales como los siguientes, y a publicar información sobre el progreso que se registre:
“prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la adicción”
“explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias”
“prom[over] los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades”
“realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente”
“profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley”
“expandir el conocimiento para implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género”
“la creación de capacidades compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas”
“garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles”
Nuestras organizaciones estamos atentas a la oportunidad de seguir dialogando con los gobiernos de Estados Unidos y México para promover avances en el acceso a la seguridad y la justicia en nuestros países y a continuar compartiendo información basada en nuestra documentación de casos, patrones, áreas de preocupación y recomendaciones en los temas mencionados aquí. Muchas gracias por su atención al presente.
Atentamente,
Amnistía Internacional México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Due Process of Law Foundation (DPLF) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Human Rights Watch
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Washington Office on Latin America (WOLA) / Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
