La Conferencia anunciada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) para este lunes 15 de agosto de 2016, con la presencia de los Ministros Alfredo Beltrán Sierra, de Perú y Carlos San Martín, de Colombia, sobre “La Importancia del Debido Proceso en contextos de Violencia”, junto al Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, presidente del Triibunal Superior de Justicia de Nuevo León, México, reviste la mayor importancia a raíz de la preocupación expresada por alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, N. L. en el sentido de que el debido proceso y la liberación de personas privadas de la libertad pone en riesgo la seguridad pública.
Como información de contexto conviene ver los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2014, datos publicados en 2015 (ENVIPE) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI):
• De cada 100 delitos se denunció el 7.2%;
• Se inició una investigación en el 4.86% de los delitos cometidos, y
• Se puso a la persona imputada bajo la responsabilidad de un juez en el 0.49% de los casos.
• Es decir que en el 99.51% de los casos existió impunidad porque no se logró presentar a la persona inculpada ante su juez.
Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf Consulta realizada el 10 de agosto de 2016 (Ver gráfica en http://bit.ly/2aPUV7t)
De acuerdo con esta información la impunidad no obedece al respeto al debido proceso sino a las causas que ahí se identifican. Por el contrario, lo que las autoriades judiciales pueden y deben hacer para favorecer la seguridad pública es garantizar el debido proceso de toda persona, para así generar confianza en la población y contribuir a la profesionalización de las policías y fiscalías.
Centrar la atención en las pocas personas (dentro de la cifra del inferior al 1% de quienes enfrentan a la justicia en México) que son absueltas, o en en aquéllas que después de ser sentenciadas y haber cumplido parte de su pena son liberadas por alguna razón legal, es una ingenuidad o un distractor perverso.
Miguel Sarre
Profesor numerario del ITAM
Consejero de la DPLF
Mensaje de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ciudad de México, 1 de julio de 2016.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), como parte de su mandato en asistencia técnica acudió al estado de Nuevo León el pasado 29 de junio para brindar una primera capacitación a funcionarios, altos mandos y medios, de centros penitenciarios de dicha entidad, titulada “Estándares Internacionales en Materia de Personas Privadas de la Libertad”.
En el citado boletin de prensa se dio a conocer que “la Organización de las Naciones Unidas reconoció en el marco de dicho evento al estado de Nuevo León como la primera entidad del país en capacitar al personal de los centros penitenciarios en materia de derechos humanos”. Al respecto, cabe mencionar que estos datos no son del conocimiento de la ONU-DH y se subraya que no se pronunció en ese sentido.
Asimismo, aclaramos que la ONU-DH no cuenta con la facultad de avalar o certificar capacitadores ni capacitaciones impartidas por terceras partes.
La ONU-DH México seguirá trabajando para capacitar en materia de derechos humanos a contrapartes interesadas, cada vez que así se acuerde con cada una de ellas.
Los equipos de servicios periciales de Nuevo León y Tamaulipas resolvieron dudas de integrantes de Amores.Los equipos de servicios periciales de Nuevo León y Tamaulipas resolvieron dudas de integrantes de Amores.
Hoy, Amores, integrado por familiares de personas desaparecidas, recibió a los equipos de Genética Forense, de Servicios Periciales, de los estados de Nuevo León y Tamulipas.
La comitiva tamaulipeca estuvo formada por el Lic. Pedro González, Lic. Mariana Garza, Lic. Juan M. Jaramillo y la Lic. Jenny Rosales.
Del equipo de Servicios Periciales de Nuevo León, estuvieron la Lic. Loudres Chávez y Lic. Rocío Hernández.
Los equipos resolvieron dudas de las familias de Amores sobre los procesos de identificación de restos que utilizan en Servicios Periciales de ambos estados.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Con motivo del Día del Niño, que en México se celebra el 30 de abril, desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. queremos hacer visible a un sector de la población que ha sido víctima de la violencia en los últimos años: los niños y niñas que tienen un familiar desaparecido.
Considerando que la infancia suele ser poco vista y que en contextos de violencia, como los que hemos vivido en Nuevo León, es uno de los sectores más vulnerables, es importante conocer la realidad de estos niños y niñas, quienes semanalmente se reunen en CADHAC para recibir terapia grupal.
Para ello presentamos un video realizado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en el que integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) hablan sobre las consencuencias que ha tenido para los niños y niñas de su familia, la desaparición de su ser querido.
Además de brindar apoyo legal, para CADHAC es muy importante realizar acompañamiento psicosocial, ya que la desaparición de una persona causa graves estragos en los miembros de su su familia.
Sabemos que este sufrimiento es transgeneracional, y va a continuar de generación en generación si no se protege a la niñez y se les fortalece psicológicamente; por este motivo es importante cuidarlos y hacerlos sentir que no están solos.
Este Día del Niño es necesario pensar que las accciones, leyes y políticas públicas para atender las desapariciones de personas, siempre deben tener presente una mirada especial para la infancia, y así poder romper con la invisibilidad que existe hacia la violencia vivida por niños y niñas.
CADHAC participó en las audiencias que la CIDH realizó en NL el año pasado.
Organizaciones acompañamos en su integridad informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México
Romper el ciclo de impunidad, principal desafío del Estado mexicano: CIDH
Es lamentable la respuesta del gobierno mexicano al informe; las autoridades deben enfocarse en el reconocimiento y atención del problema; y no en la descalificación del mensajero
Ciudad de México, 3 de marzo de 2016.- Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno ¾a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República¾, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.
Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”. En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.
El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”
Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.
Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)
Alianza Cívica
Alianza Mexicana contra el Fracking
Amnistía Internacional
ARTICLE 19
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.
Asylum Access México, A.C.
Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.
Casa del Migrante de Saltillo
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)
Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Heriberto Jara (CESEM)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Clóset de Sor Juana
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Coalición Pro Defensa Del Migrante
Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)
Colectivo Resonar
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
Comité Cerezo México
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)
Comunicación Comunitaria
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Consejo Tiyat Tlali
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas
Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)
DECA Equipo Pueblo, A.C.
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
Disability Rights International (DRI)
Documenta: Análisis y acción para la justicia social
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Foro para el Desarrollo Sustentable
Freedom House
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar: Centro de análisis e investigación
Gente Diversa de Baja California
Greenpeace México
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Iniciativa Sinaloa
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Locallis: Especialistas en desarrollo local
Mujer y Medio Ambiente A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos
PEN México
Periodistas de a Pie
Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red de Género y Medio Ambiente RGEMA
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.
Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
Servicio Jesuita a Migrantes – México
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sin Fronteras
Sonora Ciudadana A.C.
Lic. Aleida Calleja
Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho
Lic. Guillermo Noriega Esparza
Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez
Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana
Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Lic. Silvano Cantú
Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:
Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla), Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República:
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
El Embajador británico Duncan Taylor y su esposa, escucharon sobre el trabajo que realiza CADHAC en NL.El Grupo Amores compartió su experiencia con el Embajador y sus acompañantes.
El embajador británico en México, Duncan Taylor, estuvo hoy en CADHAC conociendo el trabajo que hacemos en Nuevo León, sobre todo el referente al tema de desaparición y al sistema penitenciario. También la oportunidad de ver un video y escuchar las historias de algunas integrantes del Grupo Amores.
La Embajada Británica ha sido aliada en el trabajo de CADHAC desde hace algunos años y por esta razón, además del Embajador Taylor, también estuvieron presentes su esposa y el Cónsul británico en Nuevo León, Andrew Duncan.
Agradecemos infinitamente su interés, compromiso y solidaridad con CADHAC y la defensa de los derechos humanos.
El Grupo Amores compartió su experiencia con el Embajador y sus acompañantes.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) informamos que viajaremos a Ciudad Juárez para encontrarnos, junto con miles de personas, con el Papa.
Nos mueve la fe y la esperanza, nos mueve externar la problemática de las desapariciones en el Nuevo León, nos mueve fortalecer el espíritu y que el Papa escuche y sienta la terrible situación que atravesamos. Allá nos encontraremos además con familias de otros estados que han vivido experiencias similares de violencia y desaparición de personas.
“Vamos con esperanza de encontrar en la visita del Papa Francisco un mensaje a estas realidades, pues el Papa ha dicho que viene a encontrarse con el sufrimiento en nuestro país”, expresó al respecto Liz Sánchez, coordinadora de CADHAC.En este grupo viajarán 17 personas: integrantes de AMORES, e integrantes de CADHAC –entre ellas la Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC-.
Este viaje fue posible gracias a la solidaridad de algunos donadores, la hospitalidad de otras familias de personas desaparecidas y víctimas de violencia en Juárez que apoyarán con hospedaje a nuestro grupo, además del recibimiento de organizaciones hermanas que han dispuesto espacio en la Misa para este grupo.
Las actividades que realizaremos son las siguientes:
Martes 16 de febrero 5:00 p.m: Nos integramos a la Vigilia con organizaciones de familiares de Juárez y otros lugares. Lugar Parque Borunda.
Miércoles 17 de febrero, 4:00 p.m: MISA en el patio de la Feria Juárez.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
De izq a der: Clara Páez, de la Embajada de Francia, Consuelo Morales, de Cadhac, Maryse Bossière, Embajadora de Francia en México y Gerardo Puertas, consejero de Cadhac, escuchan a integrantes del Grupo Amores.La Hna. Consuelo Morales explica el trabajo que realiza Cadhac en Nuevo León en el tema de desaparición.
Como parte de su gira de dos días por Monterrey, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) recibimos hoy la visita de la Embajadora de Francia en México, Maryse Bossière.
La Embajadora Bossière escuchó el trabajo que CADHAC realiza en el tema de desaparición y desaparición forzada en Nuevo León, el acompañamiento integral que se brinda al Grupo Amores, las leyes que se han impulsado desde esta organización y sobre los resultados que ha tenido Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) en la entidad.
Después de una reunión con nuestra directora, la Hna. Consuelo Morales, la Embajadora escuchó los testimonios de mujeres integrantes del Grupo Amores, quienes además le dieron una bendición especial.
Al final, les dirigió unas emotivas palabras mensaje:
“Vamos a seguir apoyando este trabajo para que sigan presentes, es muy admirable su fuerza”, expresó la Embajadora Bossière.
La Hna. Consuelo Morales explica el trabajo que realiza Cadhac en Nuevo León en el tema de desaparición.La Embajadora recibe de regalo de parte del Grupo Amores el libro “Te Seguiré Buscando”, historias de vida de personas desaparecidas.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC) exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a que haga una revisión exhaustiva de las mejores prácticas internacionales para abatir la sobrepoblación de los centros penitenciarios, antes de tomar decisiones que solamente agravarán el problema, como es la construcción de nuevas cárceles o privatizar el sistema carcelario.
Es preocupante que el gobierno del Estado esté considerando reactivar la construcción del centro penitenciario en el municipio de Mina, cuando lo que se requiere no son más cárceles, sino efectuar una revisión de los expedientes de todos los internos e internas para otorgar los beneficios de ley -libertad anticipada, institución abierta, arraigo domiciliario- a todos aquellos que ya cumplieron las tres quintas partes de la pena, no cometieron delitos graves o permanecen recluidos solamente porque no tienen dinero para pagar la fianza; o bien, que se encuentran en situación vulnerable –tercera edad, enfermedades crónico-degenerativas o terminales, discapacidad-.
Hay que destacar que la tendencia internacional es a implementar medidas alternas a la prisión, como son el uso de localizadores o brazaletes electrónicos, el trabajo comunitario, el tratamiento en libertad, las instituciones abiertas, la cancelación de licencia de conducir, multa reparadora, confinamiento domiciliario, prohibir la convivencia con personas determinadas, suspender ciertos derechos, entre otras. Por tanto, el gobierno estatal tendría que analizar la forma de implementar de manera amplia medidas alternas a la prisión, si lo que se busca es abatir la sobrepoblación carcelaria.
Otro pendiente del gobierno estatal es revisar y plantear al Congreso la reforma al Código Penal para que los procesados no permanezcan en prisión el tiempo que dura el juicio, pues actualmente el 40% de los internos e internas en los penales de Nuevo León son personas que están a la espera de que se les dicte sentencia, algunas de ellas llevan años en esta situación. Otra reforma necesaria implica la reclasificación de los delitos que son considerados graves en el Código Penal y que por tanto obligan al imputado a permanecer en prisión durante el juicio y no admiten fianza. Hay que recordar que a partir de 2006 se han efectuado sucesivas reformas al Código Penal para el Estado de Nuevo León que ampliaron el catálogo de delitos graves y elevaron las penas, produciendo como efecto una elevación de la población penitenciaria. Esto debe cambiar, y ajustar a la Constitución la tipificación de los delitos y su gravedad.
Vale la pena recordar que en un sistema democrático la privación de la libertad debe ser el última opción que tomen las autoridades para sancionar a quienes infrigen la ley.
Por otro lado, considerar como opción privatizar las cárceles revela el desconocimiento de las autoridades sobre los efectos contraproducentes de estas medidas documentados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en el sentido de que se termina dejando de lado la finalidad del sistema penitenciario que es la reinserción social, que constituye además una obligación del Estado.
CADHAC hace un llamado urgente al gobierno estatal para atienda y resuelva el problema de la sobrepoblación de los centros penitenciarios tomando como punto de partida el respeto irrestricto a los derechos humanos de los y las internas, y retomando las mejores prácticas internacionales para implementar medidas alternas a la prisión. Sin una reinserción exitosa no podremos reconstruir el tejido social y así conseguir una comunidad respetuosa y pacífica.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) observa con preocupación el nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pues contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos.
El General Cuauhtémoc Antúnez Pérez tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar (ubicada en Escobedo y adscrita a la Cuarta Región Militar) de 2008 y hasta 2013, en la época más álgida de inseguridad en el estado. Mientras estuvo al frente de la Séptima Zona Militar ocurrieron ejecuciones extrajudiciales a manos de militares: en marzo 2010, en el municipio de Anáhuac fue asesinado el matrimonio formado por Juan Carlos Peña y Rocío Garza; además, ese mismo mes, los estudiantes del ITESM, Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron acribillados en el interior del Campus Monterrey; en abril de 2011, el joven Jorge Otilio Cantú murió balaceado por soldados vestidos de policías en Monterrey. En todos estos casos, los militares hicieron pasar a las víctimas inicialmente como delincuentes.
Por su parte, el Contralmirante Augusto Cruz Morales estuvo a cargo de la seguridad del municipio de Monterrey (2012-2014) en la administración de Margarita Arellanes, también durante una época difícil para Nuevo León donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos
Apenas ayer, en el marco de su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que lanzó establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:
Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Además, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública.
Reiteramos nuestra convicción basada en experiencias internacionales que las políticas de seguridad pública deben tener una visión clara de seguridad ciudadana con una clara perspectiva apegada a la legalidad y al respecto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Por lo anterior hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para una reconsideración de estos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno a la desmilitarización de la seguridad pública a fin de dar una señal de que podemos empezar a avanzar por recuperar un Estado constitucional de derecho. No repitamos los errores del pasado, una de nuestras tareas, tanto gobierno, como de sociedad civil, debe ser la de colaborar en conjunto para la progresividad de los derechos humanos.
La Conferencia anunciada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) para este lunes 15 de agosto de 2016, con la presencia de los Ministros Alfredo Beltrán Sierra, de Perú y Carlos San Martín, de Colombia, sobre “La Importancia del Debido Proceso en contextos de Violencia”, junto al Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, presidente del Triibunal Superior de Justicia de Nuevo León, México, reviste la mayor importancia a raíz de la preocupación expresada por alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, N. L. en el sentido de que el debido proceso y la liberación de personas privadas de la libertad pone en riesgo la seguridad pública.
