Desde CADHAC apreciamos saber que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contemple realizar una visita e investigación por los hechos violentos ocurridos en el Penal de Cadereyta el pasado 9 y 10 de octubre.
Por otro lado, expresamos nuestra grave preocupación por el traslado de las personas privadas de la libertad en el Penal de Cadereyta a otros penales del estado. Esperamos que cada uno de los actores involucrados en este lamentable hecho colaboren al esclarecimiento de lo sucedido.
CADHAC manifiesta nuevamente su grave preocupación por las revisiones hacia las personas privadas de la libertad en Cadereyta. Información recibida indica que las autoridades están realizando revisiones a los internos y los están golpeando.
A más de una semana de los hechos violentos y ante la precaria situación en la que se encuentran los internos, volvemos hacer un llamado exigiendo que las autoridades actúen en la legalidad. Asimismo responsabilizamos al Estado de cualquier daño físico, psicológico o moral que les llegue a ocurrir a las personas privadas de la libertad en el penal de Cadereyta como a sus familiares.
Tras las declaraciones del vocero de Seguridad Pública, Aldo Fasci, el día de ayer, desde CADHAC vemos con gran preocupación el uso de fuerza letal por parte de las autoridades, la cual resulta inaceptable en esta situación.
El uso de la fuerza letal debe usarse únicamente en situación excepcionales de legítima defensa y bajo un análisis de proporcionalidad ante la circunstancia, según establece el artículo 21 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ésta debe ser proporcionada, regulada humana y estrictamente necesaria, siempre como último recurso, como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El vocero de Seguridad Pública hizo mención al artículo 17 del Código Penal, éste establece las causas de justificación de cuando no eres sujeto a una pena, no obstante en este momento estamos atendiendo una situación diversa, la cual se refiere al uso de la fuerza letal por parte de las autoridades ante las personas privadas de la libertad. De manera que es necesario que las autoridades acrediten que se encontraban en situación excepcional y el uso de la fuerza letal fue el único y último recurso.
Por otro lado, reprobamos las actitudes de amenazas y hostigamiento hacia las familias que están afuera del penal por parte de autoridades. Asimismo, es urgente que se les pueda dar acceso para ingresar y ver a sus familiares, para que puedan tener la seguridad que están bien. Esto es necesario para la sociedad civil, para confirmar que lo que dice la autoridad es cierto.
Por último, nos solidarizamos con las familias que han perdido a un ser querido en estos hechos violentos e invitamos a todas aquellas que lo desean a que se acerquen para hacer un análisis de la situación, y busquemos el esclarecimiento de la misma y la reparación del daño.
Desde la noche del 9 de octubre se registró un nuevo motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Cadereyta, sumando cuatro eventos de este tipo en los centros de reinserción social estatales en lo que va del año. Los acontecimientos denotan una continua crisis en el sistema penitenciario estatal, además de reiterar la ineficiente respuesta de las autoridades ante una problemática que se ha ido agravando y que no obstante sigue siendo ignorada.
Las acciones que ha realizado la administración estatal, evidencian una falta de voluntad política para atender el problema estructural del sistema penitenciario. La respuesta del Estado ante los motines ha sido sumamente violenta e ineficaz. El manejo de la Administración Penitenciaria estatal demuestra un desprecio profundo de los derechos de las personas privadas de la libertad. La violencia y el uso desproporcionado de la fuerza no solo agravan la situación, sino que ocasiona que el costo del mal manejo penitenciario, recaiga en las personas privadas de su libertad y sus familiares. Hoy hemos recibido múltiples quejas de los familiares de los internos del Cereso Cadereyta, reportando que están siendo golpeados, baleados e inclusive amenazados por funcionarios.
Debido a esto, desde CADHAC exigimos una vez más a todas las autoridades responsables:
1. Respeto y protección a la integridad física y moral de todos los internos del penal de Cadereyta.
2. Información clara y oportuna a las familias sobre la situación de las personas privadas de la libertad.
3. Atención médica y psicológica inmediata a quienes resulten lesionados.
4. En caso de muerte, a) se informe de manera rápida y privada, primeramente a la familia, b) se les acompañe en el proceso de reconocimiento y entrega del cuerpo, y c) otorgue reparación del daño correspondiente.
5. Revisión seria y objetiva de las causas que originaron este motín, así como la elaboración de estrategias para que no vuelva a ocurrir.
Por lo anterior, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables competentes hagan un manejo oportuno de la situación, siempre apegadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y la legalidad.
El día de hoy, la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León firmó un acuerdo de colaboración con CADHAC y EnfoqueDH – proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – con el objetivo de fortalecer las capacidades para la investigación y localización de las personas desaparecidas en Nuevo León.
El documento fue signado por el Procurador Bernardo González; por la directora de EnfoqueDH Políticas Públicas en Derechos Humanos, Laura Zambrano y Consuelo Morales, Directora de CADHAC. Acompañaron al evento como testigos de honor el Cónsul General Timothy Zúñiga-Brown y la Directora de USAID-México, Elizabeth Warfield.
La firma del acuerdo de colaboración se da en un momento crucial para la vigencia de los derechos humanos en el estado de Nuevo León, particularmente porque la sociedad civil está participando activamente en el fortalecimiento de sus instituciones, acompañando, impulsando y evaluando la actuación estatal frente a sus responsabilidades.
Para CADHAC la firma del acuerdo de colaboración permitirá, junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo Léon (AMORES), seguir avanzando en la búsqueda de la verdad y la justicia, mientras se asegura la incorporación de nuevas prácticas en la institución de justicia que permitan avanzar en medidas de no repetición.
Del 25 al 29 de septiembre, 15 estudiantes de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey estuvieron trabajando desde el día lunes en tres proyectos distintos en CADHAC, en el marco de la Semana i.
Durante esta semana tienen oportunidad de aprender y sensibilizarse a diferentes realidades, además de contribuir en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
El día de hoy estuvo la Embajadora de Francia, Anne Grillo, junto con Clara Paez, asuntos políticos de la Embajada de Francia en México; Susanna Canales, Cónsul Honoraria; Philippe Richou, Jefe de la Oficina de Monterrey, visitaron las instalaciones y al equipo de CADHAC.
La Hna. Consuelo Morales presentó el trabajo que se realiza en CADHAC, además de las necesidades que tiene la organización. La embajadora se mostró sensible al tema de derechos humanos en Nuevo León. La reunión permitió estrechar lazos entre ambos organismos.
22 de septiembre 2017
Guadalajara, Jalisco
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El día 21 y 22 de septiembre de 2017, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), organizó el Foro “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares”. El evento tomó lugar en el Auditorio Pedro Arrupe, S.J. del ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara en el estado de Jalisco. Leonor Flores y Virginia Buenrostro, del grupo AMORES, y Lorena Almaraz García, del equipo jurídico de CADHAC, participaron en un intercambio de experiencias de familiares de personas
desaparecidas. También se expuso en una mesa de análisis, las experiencias y retos en el acceso a la justicia desde la experiencia de CADHAC. En el Foro también participaron integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y autoridades de la Fiscalía General del estado de Jalisco, así como integrantes y exintegrantes de las Naciones Unidas como Santiago Corcuera (expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU).
El 21 y 22 de septiembre Sonia Torres, integrante de CADHAC, participó en la Cumbre: alianzas estratégicas para fortalecer los sistemas locales, una visión regional, que se realizó en Tijuana Baja California. El evento fue convocado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) desde su Programa para la Sociedad Civil que busca incrementar la sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y mejorar su capacidad institucional.
En la Cumbre participaron organizaciones civiles de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México, así mismo otros actores miembros de la iniciativa privada y cámaras empresariales y autoridades gubernamentales mexicanas especialmente de la región sede, además de William A. Ostick, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana.
Los trabajos de la Cumbre estuvieron orientados en construir habilidades para el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los sistemas locales en temas de prevención del crimen y la violencia, estado de derecho y derechos humanos, lo que implica desarrollar capacidad de colaboración con el gobierno, el sector privado e instituciones académicas.
El día de hoy, se llevará a cabo en Ciudad Victoria, la décima reunión entre la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de N.L. (AMORES), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El fin de la reunión es revisar las actualizaciones sobre 10 expedientes,
correspondientes a 38 personas, 26 hombres y 12 mujeres, desaparecidas en los municipios de Cd. Victoria, Matamoros, Mainero, Padilla, Reynosa y Tampico; así como observar el avance de los compromisos acordados en la reunión anterior.
Se espera que esta reunión refuerce el trabajo conjunto entre autoridades y familiares de las víctimas de personas desaparecidas, manteniendo un diálogo abierto sobre los avances en la búsqueda y en las investigaciones sobre lo sucedido a sus seres queridos y la continuación por la búsqueda de la justicia.
