14  de octubre de 2015

Boletín de Prensa No. 1510/37

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) vemos con preocupación la circular emitida por la Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) en la que se condiciona la permanencia de los servidores públicos de la dependencia a la renuncia a su militancia partidista, información que se dio a conocer por distintos medios de comunicación.

Lo anterior resulta preocupante toda vez que condicionar la permanencia y/o el ingreso a las funciones públicas a la renuncia a una militancia a un partido político atenta en contra de los derechos políticos, laborales y de igualdad y no discriminación, reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte.

En efecto, el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades en nuestro país, señala que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades fundamentales, y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación motivada por opiniones políticas. Asimismo, el artículo veintitrés de la Convención establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Sobre la libertad laboral, el artículo quinto constitucional señala que el ejercicio de este derecho sólo podrá restringirse por determinación judicial o por resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Cabe destacar que ni la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León ni la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León establecen como requisito para el personal que labora en la Procuraduría la no militancia partidista.

Si bien entendemos la búsqueda de perfiles específicos para la labor de las funciones encaminadas a la procuración de justicia por parte de la actual administración, estos no pueden basarse en criterios discriminatorios ni contrarios a los derechos humanos y a la Ley.

Exhortamos a la actual administración estatal y a los altos mandos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos tanto en el cumplimiento de su función pública como en la relación laboral con el personal que trabaja en esa institución.

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