Re16 de diciembre de 2009

Oficio Número: 1209/060D

C. LIC. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA

Diputado Local por el 10° Distrito del Estado

Estimado señor diputado,

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) agradece su amable atención de solicitar nuestros comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que busca imponer cadena perpetua por una serie de delitos.

Esta organización aprecia todos los esfuerzos por solucionar el creciente problema de inseguridad pública relacionada con delitos de delincuencia organizada que afecta de manera dolorosa y preocupante a la ciudadanía en general.  Sin embargo, consideramos que la propuesta por usted realizada  desatiende importantes consideraciones de derechos humanos.

En primer lugar, la pena de cadena perpetua imposibilita la eficacia del principio constitucional que busca la reinserción del delincuente en la sociedad, una pena del tipo propuesto, es una pena máxima que impediría la rehabilitación personal de los condenados, la resocialización y reintegración familiar en el que se basa el sistema penal mexicano.

La Constitución federal no es el texto normativo adecuado para establecer sanciones penales, éstas derivan de análisis de las condiciones sociales imperantes en un momento dado y que deben ser revaloradas constantemente, esa actividad sólo puede estar a cargo del legislador ordinario y no del Poder constituyente. Adicionalmente, la creación de una pena a nivel constitucional dejaría a los juzgadores sin la posibilidad de valorar caso por caso las condiciones de la persona que cometió el delito, para verificar si por alguna razón la pena debe ser menor, un tal sistema es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados y ratificados por México, porque provocaría afectaciones serias a la libertad personal que no estarían en proporción a los hechos del caso.

En la aplicación de una reforma como la propuesta, se puede esperar que el número de ilícitos no disminuya, esto es así debido a que aumentar las sanciones no detiene a la delincuencia. En los años recientes hemos visto un endurecimiento de las sanciones por un sinnúmero delitos, a la par que la delincuencia ha crecido de forma desproporcionada. El efecto inhibidor de una sanción sólo surte efecto cuando ésta es aplicada de forma correcta, imparcial y sistemática, lo que no sucede en nuestro ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia. En México los criminales delinquen no porque consideren que 30, 50 o hasta 70 años en prisión es poco tiempo, sino porque saben que es muy poco probable que las sanciones les sean aplicadas.

En este contexto, la reforma sólo provocaría que aquellos que no tengan acceso a un servicio de defensa adecuada, por ser pobres, pasen el resto de su vida en prisión, sean culpables o no. Esta situación enrarecería aún más el clima social, no solucionaría el problema de la delincuencia y dispararía los costos de la administración de los centros penitenciarios.

Consideramos que para el contexto mexicano la solución no puede ser de endurecimiento de las penas o de creación de nuevos tipos penales, sino se deben plantear soluciones integrales que resuelvan de fondo el problema de la inseguridad pública, a través de medios alternos y del fortalecimiento y la profesionalización de los sistemas de impartición y procuración de justicia.

Sin más por el momento, quedamos de Usted para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Fraternalmente,

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora