3 de noviembre de 2018
Boletín 1811/24
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. externamos nuestra preocupación por la decisión de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, de que la administración estatal asuma el control de la Policía de Monterrey por 60 días con posibilidad de prórroga.
Desde agosto de 2017 a la fecha, hemos venido realizando un Monitoreo Policial en el Centro de Detención Alamey, entrevistando a más de 2000 (dos mil) personas detenidas que nos lleva a concluir que la actuación de la policía estatal conocida como Fuerza Civil tiene un historial de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso llegando a casos que pudieran considerarse tortura.
Más allá del escenario de transición sin precedentes en el que nos encontramos tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de anular las elecciones para el Ayuntamiento de Monterrey, consideramos que esta decisión unilateral por parte de la administración estatal no corresponde a la realidad en la que nos encontramos y bien pudiera agravar la situación de incertidumbre e inseguridad.
La responsabilidad de encabezar la administración municipal está siendo desempeñada con el reconocimiento oficial del Congreso de Nuevo León por Genaro García de la Garza, el Secretario General de Ayuntamiento de Monterrey de la administración que concluyó el 31 de octubre de 2018. Coincidimos con el Consejo Cívico de las Instituciones (CCINLAC) en que lo más conveniente sería dejar que el C. Eduardo Sánchez Quiroz siga siendo el responsable de la Seguridad Municipal de Monterrey.
El asumir las funciones de seguridad del municipio de Monterrey por parte de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León sienta un precedente no deseado y abre la posibilidad de que las fuerzas municipales repliquen actuaciones de Fuerza Civil que vulneren los derechos humanos de los habitantes del municipio.
Por esta razón, consideramos necesario que la decisión se revierta y que el Gobierno del Estado se abstenga de actuar unilateralmente y por el contrario dialogue con el responsable oficial a la cabeza del Ayuntamiento de Monterrey, reconociendo que no existe el supuesto estado de emergencia o vacío de poder con el cual justifican la medida.