7 de agosto 2018
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Fotografía: Cuartoscuro
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa sus más sinceras condolencias a la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años de edad, ante el sorpresivo desenlace de su vida en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.
El sistema penitenciario ha ido en agudo deterioro. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sus recomendaciones realizadas al Gobierno de Nuevo León desde 2015, han sido desestimadas, por lo que consecuentemente cada día la infraestructura y condiciones de los centros penitenciarios del estado son más y más incompatibles con las condiciones de vida digna que se requieren, y que son indispensable para lograr la reinserción. Sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, son las tres características con las que la CNDH ubica la situación de los centros penitenciarios de Nuevo León. La obligación Constitucional y de instrumentos internacionales de preservar la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, es un aspecto en el que el gobierno manifiesta poco o nulo interés.
Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes “oficiales” dentro de los centros penitenciarios estatales y no ha habido respuesta que demuestre una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, ni consecuencias claras para los responsables de estas muertes. El mensaje que el Gobierno del estado de N.L. ha estado enviando es: “se puede matar en las cárceles, y no pasa nada”.
Conscientes de que la integridad de las personas internas es responsabilidad total de las autoridades estatales, hacemos un llamado urgente para que:
- Se investigue de manera exhaustiva, imparcial y expedita la muerte de Kevin Armando a fin de esclarecer los hechos, y en caso de que exista irregularidad, se proceda judicialmente con los presuntos responsables.
- Se garanticen oportunamente el acceso a la información y a la verdad, a la la familia y a la sociedad en general.
- Se garantice la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
- Se atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos humanos al Gobierno de Nuevo León, en referencia al Sistema Penitenciario.
La irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades, que ha llevado a más de noventa personas a la muerte, debe ser evaluada y sancionada. La impunidad sólo irá haciendo más lejana la tan anhelada paz para Nuevo León.