Cadhac se adhiere a la solicitud hecha por Amnistía Internacional para que la Procuraduría General de la República intervenga en la solución de los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García que ya fueron sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuyas sentencias permanecen sin cumplirse, mostrando al Estado Mexicano en una abierta situación de desacato a los mandatos de este órgano de justicia del continente americano.