Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.  (CADHAC) condena y expresa su indignación por las declaraciones realizadas los días 24 y 25 de febrero por el alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández y el alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, en contra de una sentencia del Juez Segundo de lo Penal del Estado de Nuevo León, que ordenó la liberación de cuatro presuntos delincuentes por existir violaciones importantes durante el proceso, y sobre la que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado dio una explicación hace un par de semanas.

En referencia al caso anterior, el alcalde de San Pedro señaló que los jueces del Poder Judicial han liberado a “delincuentes confesos” por “tecnicismos legales”. Estas declaraciones nos parecen sumamente alarmantes porque muestran el nulo compromiso que existe en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de parte del edil. Fernández expresó que “no es posible que tengamos a estos locos gobernando el Poder Judicial”, señalando que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas Bátiz, es un “fanático de los derechos humanos” y “un desubicado”. Agregó que no sabe si el Magistrado Arenas “está del lado de los criminales o del lado de la justicia” ya que por “tecnicismos decidan que los culpables no son culpables”. Además tachó como “retrógrada” al sistema judicial.

Por su parte, el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, acusó al Magistrado Arenas de “estar enamorado” de los “tecnicismos” del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Las anteriores declaraciones son muy graves porque pretenden dejar en entredicho ante la opinión pública decisiones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que ocurren dentro del marco legal vigente y respetando los derechos humanos de las personas imputadas de algún delito. Las afirmaciones de los ediles de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza revelan una visión tergiversada y parcial de la legalidad y los derechos humanos, pues señalan que, supuestamente, “en un afán de proteger los derechos humanos, se han dejado desamparadas a las víctimas del delito”. Estas declaraciones implican una especie de jerarquización de derechos humanos, situación que en un Estado Democrático no es posible. Los derechos de las víctimas de delitos son igualmente importantes que los derechos de los presuntos delincuentes. Las declaraciones de los ediles dejan de lado por completo el derecho fundamental de todas las personas al debido proceso, y parecen ignorar que relegar este derecho abriría las puertas a toda clase de arbitrariedades en el sistema de justicia.

Debemos recordar que, en la sentencia que hoy nos ocupa, se detectó la existencia de detenciones prolongadas (de varias horas) y, durante esas horas, se obtuvo la mayoría de las pruebas,1 por lo que en conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas esas pruebas son nulas. Entonces, al quedarse el Juez Segundo de lo Penal del Estado de Nuevo León, sin pruebas válidas, tuvo que optar por la liberación de los presuntos delincuentes.

Al contrario de lo argumentado por los ediles, no haber otorgado la libertad a los cuatro presuntos delincuentes, el Juez Segundo de lo Penal del Estado de Nuevo León, no sólo hubiera violado gravemente los derechos humanos de los procesados, sino también, se pudo haber hecho acreedor de una sanción administrativa por incumplimiento de criterios que son vinculatorios, es decir obligatorios para él.

Además, debe quedar claro que el Poder Ejecutivo, a través de los servidores públicos de la Procuraduría del Estado, está obligado a cumplir con las reglas básicas de los procesos de investigación penal. Existe una necesidad urgente de que las autoridades investigadoras de delitos hagan su trabajo de manera profesional y legal, respetando en todo momento los derechos humanos de los presuntos delincuentes. Mientras existan autoridades que no entiendan y, por ende, no se comprometan a cumplir la ley y a respetar de manera cabal los derechos humanos de todos y todas, sean víctimas o imputados, estaremos lejos de vivir la paz. Los derechos humanos son para todos y no son tecnicismos.