16 de mayo de 2013

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más grave consternación por la cotidianidad de las muertes en los penales de la entidad.  El incidente más reciente es la muerte del señor José Manuel Miranda, en el penal del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, acaecida la madrugada de 14 de mayo, presuntamente debida a una caída.

Más del 50% de los casos que CADHAC ha recibido en lo que va del año 2013 están relacionados con la situación de las personas privadas de la libertad. Entre los aspectos más preocupantes resaltan los siguientes:

• La tortura que sufren los internos a fin de ser castigados o de extorsionar a su familia. Estas torturas incluyen golpes severos, ser colgados durante días,  permanecer sin comer, ser quemados sus genitales, e incluso ser víctimas de tortura sexual.

• La persistencia de las extorciones en los centros penitenciarios, que no incluye sólo pagar por servicios básicos, sino pagar para no ser golpeados. CADHAC ha atestiguado la angustia de familiares que han agotado sus recursos económicos y ya no tienen para pagar las cuotas exigidas.

• La grave situación médica de los internos. Esta organización ha tenido conocimiento de casos de internos que tienen condiciones médicas delicadas o que requieren de cierto tratamiento —como la diabetes— o internos con cirugías recientes, no estén siendo atendidos debidamente.

• El agravamiento de la sobrepoblación en los centros penitenciarios debido tanto al abuso de la prisión preventiva como a la ineficiencia de la autoridad administrativa al tramitar beneficios o preliberaciones a los que los internos tienen derecho.

• Las decisiones que están tomando las autoridades penitenciarias respecto a la ubicación de los internos en los penales los está colocando en un riesgo agravado, debido a que la autoridad omite tomar en cuenta que los internos que pueden pertenecer a grupos delincuenciales contrarios y que este es un factor de riesgo. Esto se agrava por la resistencia e inoperancia de las autoridades, para aprobar traslados cuando lo solicitan a fin de salvaguardar su integridad física y su vida.

Este contexto que viven las personas privadas de la libertad en Nuevo León violenta sus derechos humanos de forma alarmante, especialmente los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados, entre otros, en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el Estado de Nuevo León no ha garantizado a las víctimas de estos hechos sus derechos de Acceso a la Justicia, a la No Repetición, y a la Verdad, contenidos en los artículos 7 fracción VII, 10, 18, 19 fracción I y 74 de la Ley General de Víctimas.

Es importante recordar que la población penitenciaria se encuentra a resguardo de las autoridades penitenciarias, y éstas son responsables de garantizar su vida, su la integridad y todos sus otros derechos. Las personas privadas de la libertad sólo tienen restricción en su derecho a la libertad ambulatoria y algunas otras restricciones que se hayan establecido en su sentencia, pero en ningún momento están privadas de sus derechos humanos y ni se ha disminuido en nada su dignidad humana.

Exigimos a  las autoridades competentes que tomen todas las medidas que sean necesarias y estén a su alcance para que se garantice la vida e integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León. Asimismo, urgimos a las autoridades competentes para que efectúen una investigación pronta, imparcial, profesional y apegada a los más altos estándares internacionales a fin de que se conozca la verdad de los hechos, y para que las personas responsables de los mismos sean llevadas ante la justicia para que, en su caso y a través de procedimientos que cumplan todos los requisitos legales, sean sancionadas como en derecho corresponda.