1 de diciembre de 2017
Boletín 1712/54
Ante la grave situación de crisis penitenciara en el estado de Nuevo Léon, donde de forma reiterada se observa la falta de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad, así como el respeto a sus derechos humanos, es urgente que las autoridades asuman un compromiso con los centros penitenciarios.
Tan solo ayer, volvió a ocurrir un evento violento en el CERESO de Apodaca en donde falleció una persona y al menos dos más resultaron heridas. Estos hechos continúan evidenciando una falta de control por parte de las autoridades, además de un compromiso ambiguo que no ha generado resultados sino, por el contrario, ha dejado más de 70 fallecidos en lo que va de la administración actual.
Es por esto que se necesitan tomar acciones inmediatas que permitan atender la grave crisis penitenciara que atraviesa el estado. En este sentido, urgimos al congreso local a emitir de forma inmediata la declaratoria de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual tenía como fecha límite el día 30 de Noviembre 2017, según dicha ley. Los beneficios de la LNEP servirán para que se den los primeros pasos a la legalidad y que sea a través del poder judicial que se vigile y tenga control de los centros penitenciarios.
Continuar ignorando la situación penitenciaria en Nuevo León, es un daño no solo para las personas que se encuentran internas y sus familias, sino para toda la ciudadanía. En la medida en que se criminalice, juzgue, y se violen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la sociedad no podrá reparar el tejido social. Las autoridades no puedan deslindarse de su responsabilidad ante los hechos que ocurren en los centros penitenciarios, pues se perpetúa la impunidad y se vulnera el Estado de Derecho.
Desde CADHAC nuevamente hacemos un llamado a las autoridades del estado para que atiendan de forma urgente la situación en los centros penitenciarios. La aprobación de la declaratoria de la LNEP es un primer paso para afirmar su compromiso por el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos.