El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. En este día es fundamental recordar que la educación es un derecho humano que contribuye al desarrollo cognitivo de las personas, lo que tiene el potencial de acabar con el ciclo de pobreza, así como de promover la comprensión y el respeto.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer este derecho. En Nuevo León, el cumplimiento del derecho a la educación ha tenido avances importantes en comparación con otras entidades del país. Sin embargo, alrededor del 14.4% de toda la población del estado padece rezago educativo*. Esto significa que 842 mil personas no cuentan con la escolarización obligatoria completa. Además, aún existen barreras importantes en los servicios relacionados con la educación, como la cobertura, el cobro de cuotas, las condiciones de las instalaciones y la discriminación. Superar estar barreras requiere de esfuerzos institucionales desde un enfoque de derechos humanos.
Los servicios relacionados con la educación deben tener disponibilidad, lo que implica que existan las escuelas, aulas, profesores y materiales suficientes para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Con base en lo anterior, es necesario que la infraestructura y el personal necesario estén al alcance de las personas que viven en las distintas comunidades de la entidad.
Las autoridades también están obligadas a brindar educación de calidad. Esto significa que las y los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas para sus necesidades, que los profesores estén apropiadamente capacitados y que los materiales sean pertinentes para favorecer el desarrollo del conocimiento y la creatividad. En este ámbito, es importante que la infraestructura de los centros educativos se encuentre en buenas condiciones para la seguridad, higiene y bienestar de quienes asisten a ellos.
Otra característica que debe tener la educación es la accesibilidad. Esta obligación incluye diferentes aspectos entre los que se encuentran el económico y el físico. La accesibilidad económica se refiere a que el ejercicio de este derecho no genere un gran costo para las familias. No obstante, el cobro de cuotas en las escuelas puede representar una porción muy grande de los ingresos de las familias de escasos recursos. Por otro lado, la accesibilidad física implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que todas las personas, incluyendo aquellas que padecen alguna discapacidad, puedan gozar de este derecho.
Finalmente, cualquier derecho humano está regido por el principio de no discriminación. En el caso de la educación, esto está estrechamente relacionado con el acceso de personas con discapacidad a los servicios educativos. En materia de infraestructura esto se debe reflejar en, por ejemplo, la adaptación de las instalaciones como escaleras, baños y aulas para estudiantes que padecen alguna discapacidad. Al mismo tiempo, esto requiere la capacitación adecuada de los profesores sobre cómo impartir clases a estudiantes que tienen necesidades especiales.
El derecho a la educación tiene el potencial de mejorar el bienestar de los individuos y generar sociedades más pacificas. Su garantía requiere la suficiente provisión de recursos y la implementación de políticas adecuadas. Para ello, el enfoque de derechos humanos es una guía indispensable sobre cómo responder efectivamente a las necesidades y exigencias de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a la educación.
*Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Nuevo León. Pobreza estatal 2020”. Disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/NuevoLeon/Paginas/principal.aspx