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Desatención a victimas y acoso a defensores como política de estado

13 de diciembre de 2016

Defensores participantes en el X Encuentro.

En el marco del X Encuentro de Organizaciones que Acompañan a Familiares de Personas Desaparecidas, queremos pronunciarnos sobre cuatro temas que nos parecen importantes:

  • El rechazo a prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
  • La renovación operativa del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • El llamado urgente a la protección de las y los defensores de derechos humanos.
  • Un exhorto a los nuevos gobernadores para atender la grave crisis de derechos humanos en sus respectivas entidades, con particular atención a personas desaparecidas.

En momentos en donde la inseguridad pública sigue lastimando a la población, la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia, las organizaciones aquí presentes rechazamos cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  1. Otorgar un poder supraconstitucional a las fuerzas armadas bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad publica representa una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido conquistados después de muchos años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de las y los desaparecidos.

Estas organizaciones reunidas en la ciudad de Monterrey, podemos aportar testimonios contundentes de que la presencia de las fuerzas armadas del país no solamente no han disminuido los niveles de inseguridad que padecemos todos, sino que se han relacionado a graves violaciones a los derechos humanos, en donde la constante es la impunidad.

 

  1. En este mismo contexto, hemos concluido además, que el activismo, la documentación de casos y el acompañamiento a víctimas y familiares pone en mayor vulnerabilidad a quienes defendemos los derechos humanos en lo individual o de manera organizada, frente a campañas de desprestigio, amenazas y agresiones directas, como sucede actualmente en los estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

 

  • El Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos sigue actuando con lentitud, deficiencia e indiferencia. Por eso hacemos un llamado a sus responsables para que en un breve tiempo podamos reunirnos para analizar caso por caso y garantizar la seguridad de quienes son beneficiarios.

 

  1. A los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que recién han entrado en funciones queremos exhortarlos en implementar políticas públicas que incluyan la búsqueda inmediata de personas desaparecidas desde una perspectiva humanitaria, integral, transparente y de acceso a la justicia.

En este IX Encuentro, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de diciembre en Monterrey, estuvieron organizaciones con presencia en: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

 

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) (Guerrero)

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa y Sonora)

Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas (Veracruz)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León)

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas)

Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (Ciudad de México)

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) (Latinoamérica)

Grupo Vida (Coahuila)

Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua)

Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)

 

Desatención a victimas y acoso a defensores como política de estado