17 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/18

Liz Sánchez, coordinadora de CADHAC y a la derecha, Blanca Arredondo, madre del niño afectado.

Frente a la sistemática exclusión y discriminación ejercida hacia un alumno con discapacidad, CADHAC demanda la inmediata intervención de las autoridades competentes a fin de detener las violaciones a derechos humanos cometidas y resarcir el daño.

Antecedentes:

El afectado, de 10 años, empezó a estudiar en la Escuela Primaria Mariano Abasolo, ubicada en el municipio de General Zuazua en agosto de 2011. Debido a una enfermedad, el menor de edad tiene que utilizar una silla de ruedas para trasladarse. Los primeros dos años de su educación primaria no tuvo problema para desarrollarse plenamente en la escuela, sin embargo, al empezar el tercer año, en agosto de 2013, su grupo escolar fue reubicado a un salón en la segunda planta en donde no hay baños adecuados y al que le es imposible trasladarse en su silla de ruedas. La mamá del niño, Blanca Verónica Arredondo Argüello, fue a hablar en muchas ocasiones con la directora, Aleida Patricia Martínez Salinas quien se negó a hacer un cambio de aula.

La señora Blanca Verónica se acercó a CADHAC, hace 1 mes, para encontrar una solución a esta situación. Así, se interpuso un amparo para que un juzgado federal otorgara la protección que la escuela le estaba negando. El 15 de junio del año en curso se admitió el amparo y se resolvió la suspensión provisional a favor del niño, que consideramos es una medida adecuada por parte del Juez. Esta suspensión ordena a la Secretaría de Educación de Nuevo León asignarle al niño un especialista para ayudarle en lo referente a su movilidad por lo que resta del ciclo escolar; ordena también que a partir del siguiente ciclo escolar (Agosto 2015) sea cambiado al primer piso.

Esta resolución tiene vigencia hasta el viernes 19 de junio, que será cuando el juez resolverá si existirá suspensión definitiva, esto es, que las medidas se mantengan en el tiempo hasta que se resuelva por completo el amparo.

Las acciones de la directora de la escuela, Aleida Patricia Martínez Salinas, atentan directamente contra los derechos del afectado, en particular resultan violentados los derechos consagrados en los artículos 1, 3 y 4 Constitucionales, que son los relativos a la no discriminación, educación e igualdad. También se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 5 y 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 23) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (artículo 3) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17 y 24).

Estos artículos hacen referencia a los derechos de inclusión y del interés superior del niño, que este plantel ha violentado sistemáticamente durante los últimos dos años. Todo esto sin mencionar el costo a la salud física de su madre, que es la encargada de subirlo y bajarlo diariamente para que el niño, que pesa 23 kilos, no pierda clases.

Tanto la directora de esa escuela, como la Secretaría de Educación de Nuevo León tienen una responsabilidad ineludible en este caso.

Por lo anterior

• Exigimos a las autoridades competentes velar por los intereses del menor de edad, garantizando la inclusión y no discriminación.
• Exigimos la destitución inmediata de Aleida Patricia Martínez Salinas como directora de la Escuela Primaria Mariano Abasolo.
• Solicitamos a Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgue la suspensión definitiva y la posterior resolución del amparo en favor del niño.
• Demandamos a las autoridades competentes revisar la práctica de cualquier otra situación similar que esté presentándose en ese mismo plantel o en algún otro.

El interés superior de la niñez y el respeto a la legislación internacional signada por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos debe ser la base para la intervención inmediata frente a este grave caso.