Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de 2012.
El día de hoy concluyó el FORO «HACIA LA GOBERNABILIDAD EN LAS PRISIONES DE NUEVO LEÓN», con la presencia de integrantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y con la participación de expertos en el tema penitenciario como Miguel Sarre, miembro del Sub Comité para la prevención de la tortura de la ONU, y Elena Azaola, quien es doctora en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otros/as especialistas.
El Foro resultó con exigencias y propuestas muy concretas que –señalan las instituciones convocantes- reafirman la importancia de haber generado este necesario espacio para el análisis de la situación penitenciaria y definición de líneas de acción en la materia en Nuevo León.
De esta manera los resultados del Foro se concentran en el siguiente posicionamiento: —–
Ante la crisis penitenciara en el Estado, desde la sociedad civil y la academia:
Exigimos a las autoridades del Estado:
- Garantizar la vida y la integridad de todas las personas privadas de su libertad. Si el gobierno Estatal no puede hacerlo, solicite el apoyo de la Federación en términos del artículo 119 Constitucional.
- Resolver de inmediato sobre las solicitudes de libertad anticipada, en los casos en que se hayan cumplido los requisitos legales, y reactivar el Comité Penitenciario para darle seguimiento.
- Promover las reformas legales para regular los procedimientos judiciales que garanticen condiciones de vida digna y segura a procesados y sentenciados, considerándolos como sujetos de derechos y obligaciones y no como objeto de tratamiento.
- Detener de inmediato los traslados arbitrarios de internos y se asegure el respeto a los derechos de los internos y sus familias.
- Detener el uso excesivo de la prisión preventiva, como un mecanismo para contener la sobrepoblación penitenciaria.
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Exigimos a las autoridades federales:
6. Detener de inmediato los traslados arbitrarios de internos y se asegure el respeto a los derechos de los internos y sus familias
Proponemos a las autoridades del Estado:
- Las estrategias que sigue el Gobierno del Estado sean discutidas en una mesa de expertos y de organismos de la sociedad civil que trabajan en los penales.
- Definir un programa para la separación de hombres y mujeres así como sentenciados y procesados.
- Contar en un plazo inmediato de sistemas de registro confiable de interno que asegure la ubicación y la atención de los internos.
- Desarrollar con participación ciudadana una agenda de riesgos y un plan estratégico de administración penitenciaria.
- Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los penales.
- Establecer con la participación de organismos de la sociedad civil, programas y protocolos
de monitoreo y vigilancia social de los penales.
- Iniciar de inmediato los trabajos tendientes a garantizar el cumplimiento de los estándares
internacionales del modelo penitenciario.
- Adoptar un programa para la contratación, formación, dignificación y protección de
custodios y sus familias.
- Evitar el populismo penal mediante el incremento de penas y la clasificación de delitos
graves
- Dotar a las instituciones penitenciarias de procedimientos, protocolos y esquemas de
transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad que reduzcan la discrecionalidad y la violación de derechos.