30 de mayo 2017
Boletín 1705/17
CADHAC manifiesta su preocupación ya que el día de ayer, diputados del Congreso local de Nuevo León aprobaron reformas al artículo 17 del Código Penal del Estado, con el fin de modificar los alcances del uso de la “legítima defensa” por parte de particulares.
En el estado actual del derecho internacional no es problema el uso de la legítima defensa, incluso si eso provoca lesiones graves o incluso la muerte del atacante. Sin embargo, en CADHAC cuestionamos y consideramos alarmantes las reformas realizadas al artículo 17 del Código Penal ya que el uso de la violencia letal debe ser solamente válida para defender la vida o integridad de la persona ante un ataque, lo cual ya estaba anteriormente estipulado en el mismo.
Nos preocupa que las nuevas reformas al artículo pudieran interpretarse como un permiso para matar a cualquier persona que entre a un hogar o negocio, e incluso que se pueda utilizar como una excusa para delinquir. Es importante resaltar que los particulares no cuentan con la preparación necesaria sobre el uso adecuado de la fuerza, ni el entrenamiento para distinguir cuándo utilizar o dejar de utilizar un arma. Por otra parte, permitir el uso de armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros.
Consideramos que las modificaciones, en vez de promover certeza jurídica, promoverían el uso de justicia por mano propia y el incremento de la violencia. Además, representa una amenaza hacia el concepto de presunción de inocencia, lo cual resulta contrario a los derechos humanos y al estado de derecho. Este tipo de medidas, lejos de representar una solución integral ante los problemas actuales, demuestran incapacidad de las autoridades para cumplir con sus atribuciones, sobretodo en el combate contra la inseguridad.
La violencia o atentar contra la vida de una persona no es la solución para terminar con la delincuencia. Corresponde al Estado, autoridad e instituciones judiciales asegurar la protección e impartición de justicia. Por lo que exhortamos a que las autoridades responsables cumplan con su responsabilidad de proteger la seguridad de los ciudadanos de la mejor manera posible, con total apego a la legalidad, y consecuentemente, respetando los derechos humanos.