Boletín No. 0209/009 BP
23 de febrero de 2009
Sistema penitenciario
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, reitera su profunda preocupación con relación a la deplorable situación que cotidianamente viven las personas privadas de libertad, en los ahora denominados centros estatales de reinserción social.
El descenso en la calificación de Nuevo León en la evaluación realizada por el Ombudsman nacional respecto de las condiciones imperantes en los centros de reclusión del país, confirma el retroceso en la calidad de vida de los internos y constituye una alerta urgente para gobierno y ciudadanía, que debe incrementar la observancia y exigencia de rendición de cuentas a los responsables, por ser el sistema penitenciario un punto toral en el tema que constituye la más importante preocupación en el país: la seguridad pública.
No es necesario realizar un minucioso análisis para identificar las causas que dan lugar a la sobrepoblación en el penal Topo Chico y a las demás condiciones negativas que persisten en todas las penitenciarias del Estado: tortura y tratos crueles e inhumanos de parte de los servidores públicos a los internos, corrupción, introducción y consumo de drogas, pleitos entre los reclusos, carencia de oportunidades de trabajo y de suficientes y eficientes servicios psicológicos, de salud, educación y deportes, entre otros.
La realidad y la información proporcionada por los propios internos y ex internos denotan claramente que la falta de voluntad política y de aplicación de las autoridades en el desempeño de sus responsabilidades ha dado espacio para la corrupción, la ineficiencia, todo tipo de abusos e, incluso, la comisión de delitos al interior de los penales, por lo que la estructura penitenciaria debe ser barrida de arriba a abajo y alcanzar un aceptable grado de eficacia antes de pensar en abrir un nuevo centro de reclusión, pues si no hay resultados satisfactorios con tres, mucho menos con cuatro.
No basta con destinar dinero del erario, se requieren programas completos, basados en el respeto de los derechos humanos y las normas internacionalmente aceptadas en el tema y, sobre todo, servidores públicos honestos, capaces, eficientes y transparentes.
También es necesario evitar la sobrepoblación en el centro de reclusión preventiva Topo Chico y para ello se requiere dejar de seguir abusando de la prisión preventiva y optimizar el sistema de procuración y administración de justicia, privilegiando el uso de las salidas alternas al proceso. Mientras se siga incrementando injustificadamente el catálogo de delitos graves, se acrecentará el número de personas privadas de libertad durante todo el tiempo que duren sus procesos y, por lo tanto, la necesidad de más espacio carcelario y más recursos humanos, materiales y financieros, convirtiéndose en un problema sin fin.
Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que incorporen el tema penitenciario como una prioridad en la agenda de gobierno, implementando una política pública integral, que erradique lo más pronto posible las malas prácticas hasta ahora presentes, provea a los internos de los elementos necesarios para que alcancen una verdadera reinserción social y evite el abuso de la prisión preventiva.
También exhortamos a los legisladores para que tomen en consideración que en una sociedad democrática el principio de presunción de inocencia debe ser respetado, por lo que al crear nuevas normas penales deben apelar a la privación de la libertad como última medida, aplicable solamente en casos extremos y no como panacea ante cualquier nuevo problema.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.