2 de abril de 2020
Boletín 2004/01
HRW: Hay que reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19 en América Latina
La insalubridad y el hacinamiento en las cárceles y centros de detención juvenil en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe crean las condiciones perfectas para la propagación del COVID-19, en detrimento de la salud de las personas privadas de la libertad y de la población en general.
«Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población», declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). «Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible». Una vez dentro de los centros de detención, el COVID-19 podría propagarse rápidamente e infectar al personal, contratistas, visitantes, abogados y luego a detenidos liberados, lo que podría transmitir la enfermedad a la población general.
Es urgente que en el Estado de Nuevo León se tomen medidas para evitar un desastre de salud causado por una epidemia de COVID-19 en las cárceles, que también tendría consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población. HRW señala que la medida preventiva más importante es reducir el hacinamiento en las cárceles y los centros de detención juvenil.
De acuerdo al Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León publicado por la CEDHNL el 9 de diciembre de 2019, se encontraron numerosas deficiencias en todos los centros penitenciarios referentes a la falta de personal, medicamentos y saneamiento. Estas condiciones insanas y hacinamiento impiden tomar las medidas adecuadas para salvaguardar su salud de una manera integral ante tal contingencia.
De acuerdo con la Alta Comisionada de Derehos Humanos de la ONU y Human Rights Watch, ante esta situación de urgencia, los gobiernos deben considerar alternativas de detención, a fin de reducir considerablemente la población privada de su libertad y proponen se haga en los siguientes supuestos,
- Personas en prisión preventiva por delitos de baja gravedad o no violentos, o que no representen un riesgo significativo de fuga;
- Personas en establecimientos con régimen semi-abierto que trabajan en la comunidad durante el día;
- Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.
- Personas que cuidan a otras y han sido acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres y niñas encarceladas con sus hijos y los presos que son los principales cuidadores de niños y niñas;
- Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; y
- Otras personas cuando resulte innecesario o desproporcionado que sigan detenidas.
Es importante que el Gobierno de Nuevo León desarrolle planes integrales de prevención y respuesta de COVID-19 en los centros de detención que no consistan exclusivamente en confinamiento solitario, sino que establezcan medidas para proteger la salud física y mental de los detenidos. Estos planes deben incluir, entre otras cosas, acceso al agua potable, productos de higiene, medicamentos e información sobre medidas sanitarias, y al menos, mantener informaciones que permitan a las familias saber el estado de salud de sus familiares internos.
En CADHAC, lamentablemente coincidimos que en Nuevo León, también cobran vigencia estas apreciaciones y preocupaciones de Naciones Unidas y HRW, en el sentido de que las prisiones latinoamericanas tienen un alto grado de hacinamiento que provoca que sean un espacio donde las enfermedades contagiosas se puedan propagar con rapidez. Por lo que insistimos a que el Gobierno de Nuevo León tome las medidas necesarias urgentes para evitar que la pandemia corra como dice HRW “como un reguero de pólvora por las cárceles”. Esto significa preservar la Seguridad Pública.
Hoy por hoy, las recomendaciones de dos organismos internacionales, expertos del tema, coinciden que el camino es: reducir la población penitenciaria, y han mencionado los supuestos en quienes debe liberarse a la brevedad. ¿Qué se necesita para evitar que esta pandemia, cobre vidas entre las personas privadas de su libertad y quienes le acompañan?
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.