Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.  

Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay  55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.

La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo. 

Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.  

En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.