6 de marzo de 2019

Boletín 1903/04

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la aprobación de la reforma constitucional del artículo 1 realizada el día de hoy en el Congreso de Nuevo León que va contra la propia Constitución Federal en lo que respecta al avance en la protección de los derechos humanos.

Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las diputadas y los diputados aprobaron esta disposición que criminaliza a las mujeres sin considerar las condiciones que llevan a interrumpir un embarazo. Esta decisión exime también de toda responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción y vulnera el principio de igualdad de género. Con estas implicaciones negativas para las mujeres, la votación se realizó el mismo día que el Congreso declaró sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

La reforma avalada hoy va contra la progresividad de los derechos humanos y contraviene resoluciones internacionales vinculantes para México como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atravia Murillo vs. Costa Rica. De esta resolución se desprende que el embrión no es persona y que en lo que respecta a la vida prenatal se deben tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres embarazadas.

El proceso legislativo que se siguió para esta discusión fue realizado sin la debida transparencia y negando espacios de discusión abiertos a la ciudadanía para comparar ambas posturas. Así fue señalado por Mariela Saldivar, diputada de Movimiento Ciudadano, y Julia Espinosa de los Monteros, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, quienes apuntaron que una reforma constitucional debería pasar por mesas de trabajo y consulta a especialistas.

Reconociendo que la modificación aprobada no tiene sustento jurídico, confiamos que de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de esta acción de inconstitucionalidad habrá oportunidad de reparar el retroceso legislativo que los cambios al artículo 1 de la Constitución local representan.