8 de febrero de 2019

Boletín 1902/03

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la designación de un mando militar para coordinar la operación de seguridad de los once municipios metropolitanos, decisión que va en sentido contrario al compromiso asumido por el Senado de la República de realizar una dinámica de Parlamento Abierto para considerar modificaciones a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

El nombramiento de José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, como responsable de la coordinación de seguridad de los once municipios metropolitanos representa la decisión del Gobierno del Estado y las administraciones municipales de profundizar la participación militar que pasa de un rol ejecutivo y operativo a una función de mando y coordinación de la estrategia de seguridad pública de Nuevo León.

En contraste, legisladores en el Senado de la República acordaron realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para considerar alternativas que respondan a las posturas de organismos internacionales de protección a los derechos humanos y personas expertas en seguridad pública a nivel nacional agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes han evidenciado en múltiples foros y comunicaciones que la reforma constitucional propuesta profundizaría y haría permanente la militarización de la seguridad pública en México.

Si bien, la colaboración con las corporaciones militares y el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes municipios y el Gobierno del Estado en labores de seguridad son necesarias, el camino para realizarla no debe ser el ceder a la autoridad militar la titularidad para la definición de estrategia y la gestión operativa de las fuerzas policiales.

Hacemos un llamado al Gobierno del Estado y a las administraciones municipales a recuperar la esencia de la seguridad pública, la cual implica la prevalencia del mando civil sobre el militar. A su vez, les instamos a atender las recomendaciones de organismos internacionales que afirman que el camino para disminuir la violencia en el país debe partir del fortalecimiento de las corporaciones civiles policiacas que permitan el retiro paulatino de la presencia militar.